Las empresas socialmente responsables deben analizar y tomar en cuenta los posibles daños que, derivado de sus operaciones, generen en su entorno. Principalmente, considerando que estas afectaciones pueden desarrollarse paulatinamente y sin mostrar señales de alerta, dañando no solo el territorio de la propia empresa, sino también el de terceros.
“Legalmente, las empresas están obligadas a reparar y compensar los daños ambientales que su inmueble, procesos u operaciones ocasionen a terceros, incluso si el agravio se descubre años después de que la compañía concluyera sus negocios en la zona. En este sentido, es importante fomentar la cultura de la prevención e invertir en un Seguro de Responsabilidad Civil Ambiental que respalde a la organización, para que sus ingresos no se vean afectados al resarcir los daños”, comentó Laura Rivera, Casulty Director de Chubb Seguros México.
Detalló que en México existen casi 5 millones de empresas (INEGI), entre pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y grandes corporativos, de las cuales ninguna queda exenta de generar posibles daños ambientales tanto dentro de su predio, como de ocasionar con estos daños a terceros, por ello es de suma importancia el tema de prevención a través de la correcta cobertura de un seguro.
Este tipo de productos ayuda a prevenir y evitar una catástrofe, las compañías deben crear planes y programas de prevención y manejo de crisis, así como contratar un Seguro de Responsabilidad Civil Ambiental que apoye en la reparación de daños a terceros.
De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los principales daños al ecosistema se concentran en la contaminación del aire (principalmente de fuentes móviles), la degradación del suelo, los residuos sólidos y la contaminación del agua. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) indica que las principales fuentes por las que se emitieron multas en 2018 son por daños en materia forestal, impacto ambiental y residuos peligrosos.
Desde 2013, con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Ambiental, se considera un delito el daño al ecosistema, por lo que las empresas son responsables de analizar los riesgos que sus diferentes procesos y operaciones representan para el entorno, así como reparar y compensar los perjuicios en caso de ocasionar algún daño al ambiente.
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