La emergencia sanitaria y económica derivada del COVID-19 también tiene un “efecto sistémico” sobre la producción y el abasto de alimentos: las siembras han disminuido en algunas entidades; fertilizantes y semillas tienen un alza y no llegan a tiempo por retrasos logísticos; y el crédito al campo no fluye y observa un retroceso respecto al año pasado.
Ante ello, es urgente que el aparato gubernamental de México, única estructura nacional con capacidad de “reacción inmediata”, implemente un programa nacional de abasto alimentario, encaminada a resolver estos “daños colaterales” de la pandemia.
El ciclo primavera-verano quedó atrapado en medio de la emergencia sanitaria, en los trabajos agrícolas se han ralentizado las tareas de siembra, que observa una reducción en algunas entidades del 30 al 40% en superficie cultivada.
Además hay un impacto en el costo y abasto de insumo como fertilizantes y semillas, que durante un periodo de tres meses sólo por efecto de la devaluación del peso impacta en 30%, con la agravante de que su distribución es lenta; el problema no sólo es que su precio se ha incrementado sino el poder disponer de ellos, ya que existen problemas de logística, porque los envíos registran meses de retraso.
Lo anterior es parte del análisis del experto en temas de desarrollo rural y director de Biofábrica Siglo XXI, Marcel Morales Ibarra, quien destaca que en el caso del fertilizantes estamos hablando de que cada periodo de siembra en México se requiere cerca de 3 millones de toneladas procedentes del exterior, las cuales hay que movilizar desde países asiáticos, recibir y descargar los barcos; es un proceso dilatado y este insumo se requiere aplicarse en fechas muy rigurosas para la planta; no se puede usar “cuando llegue”.
Expuso que tras el retraso internacional de mercancías debido a COVID-19, mucha de la superficie que se logró sembrar en México no contó con el fertilizante requerido, lo que se traducirá en una significativa disminución de los rendimientos a obtener por hectárea y en menor producción.
Por si fuera poco, añadió, el problema del abasto alimentario enfrenta el neurálgico aspecto del crédito al campo, donde no hay un panorama alentador, dado que en marzo, al inicio de esta emergencia sanitaria el crédito de la Financiera Rural (FND) registraba un retroceso del 10% respecto a 2019. “Si antes de la contingencia ya teníamos un desempeño negativo, es de esperarse que esta tendencia se haya agravado seriamente en las semanas siguientes”.
Marcel Morales manifiesta que aunque los costos derivados de la pandemia por COVID-19 aún son difíciles de cuantificar, ya hay impactos sobre la economía y el empleo, que en el agro se estima afecte 20% de los 14 millones que el sector genera y se prevé serán más graves, sobre todo en los sectores más vulnerables.
Hace hincapié en que uno de los problemas que se anticipa afectará seriamente aspectos esenciales de la sociedad es el del abasto y la accesibilidad de los alimentos, dado que si en las condiciones “normales” siempre es un tema altamente delicado, en las condiciones actuales puede llegar a niveles realmente preocupantes, no registrados en muchas décadas.
Por ejemplo, para el primavera-verano, al mes de abril el estado de Tamaulipas registra una superficie de siembra de 107,336 hectáreas (Has) contra 159,243 del ciclo anterior, una reducción del 32.6%; Baja California Sur, 3,934 versus 5,552 Has, es decir, 29.1% menor; San Luis Potosí, 16,516 contra 21,913 Has, una caída del 24.6%; Sonora de 51,985 contra 57,485 Has, menor en 9.57%; Campeche 14,574 contra 13,497 Has, menos 7.98%; Tabasco 38,143 vs 35,664, menos 6.9%; la situación más dramática la tiene Hidalgo con 21,565 contra 53,803 Has, es decir 59.9%, en relación con el ciclo anterior.
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