La integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo por el dispar avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente ante la pandemia del COVID-19. Por ello, se requieren pactos en sectores estratégicos y prioritarios para avanzar hacia un gran impulso ambiental, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La alta funcionaria de las Naciones Unidas alertó que, a diez años del cumplimiento de la meta fijada por la comunidad internacional para el 2030, hay señales de alerta para el cumplimiento de los ODS.
“Hemos analizado el avance de 72 series estadísticas de los indicadores de los 17 ODS para la región: 4 alcanzaron la meta; 15 van en la tendencia correcta; 8 necesitan más intervención de políticas públicas; 13 requieren una fuerte intervención de políticas públicas; 27 están estancadas y 5 en retroceso”, puntualizó.
Agregó que la pandemia del COVID-19 visibilizó los problemas estructurales del modelo económico y las carencias del sistema de protección social y brechas del régimen de bienestar, confirmando la necesidad de repensar el desarrollo y formular respuestas para un mundo post COVID.
“Se requiere un Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social (fiscal, social y productivo) que incluya la universalización de acceso a los derechos, ingreso básico universal y un sistema de cuidados”, subrayó.
Alicia Bárcena precisó que antes de la pandemia América Latina y el Caribe registraba siete años de lento crecimiento con tasas crecientes de pobreza, pobreza extrema y desigualdad, espacio limitado de política fiscal y conflictos sociales crecientes.
Recordó que las estimaciones señalan que los efectos de la pandemia generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930, con un crecimiento proyectado de -5,3%, un importante deterioro de los indicadores laborales en 2020 que generaría casi 12 millones más de desempleados en la región y un aumento de casi 30 millones de pobres.
Por ello, explicó, la CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para toda la población que vive en la pobreza en 2020 (215 millones, el 34,7% de la población). Esto costaría alrededor de 2,1% del PIB, precisó.
También instó a los países a que, en el corto plazo, aumenten el espacio fiscal para diseñar medidas efectivas y fortalecer mecanismos para apoyar ingresos, empleos y empresas, particularmente las estratégicas y las MiPYMEs.
En ese sentido, destacó que una economía resiliente, inclusiva y baja en carbono debe ser el eje orientador de la recuperación económica post coronavirus.
Subrayó que América Latina y el Caribe es una región muy comprometida con la Agenda 2030, por lo que llamó a los países a incluir los nuevos desafíos que impone la pandemia en la elaboración de sus informes nacionales voluntarios y en la implementación de la agenda en general. Los instó también a identificar cómo esta afecta a los grupos más vulnerables, así como las estrategias y políticas para no dejar a nadie atrás.
Alicia Bárcena destacó el desarrollo de la Plataforma regional de conocimiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Gateway) en América Latina, un esfuerzo conjunto con 22 agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas en la región, que se ha transformado en un poderoso instrumento para seguir el progreso y las necesidades de los países en la implementación de la Agenda 2030 y avances hacia el cumplimiento de los 17 ODS.
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