ATISBOS

La mentira, el circo, la inconstitucionalidad

Rafael Cienfuegos Calderón

De acuerdo a la Constitución un expresidente únicamente puede ser juzgado por traición a la Patria; lo que se diga en contrario es mentira. Y aunque por mayoriteo Morena y sus ligas políticas en la Cámara de Diputados aprobaran en el periodo ordinario de sesiones que inicia hoy una nueva ley para desaparecer el fuero, esta no aplicaría a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto por no ser retroactiva. Ante este impedimento legal, al insistir en que se juzgue a quienes gobernaron México durante el periodo neoliberal se insiste en querer hacer creíble una mentira, en tanto que a la ciudadanía se le haría participe en el acto de circo La farsa, montado por el gobierno del cambio, a través de una consulta. En lugar de insistir en una consulta, lo que se debe exigir es la aplicación de la ley sin distingos ni privilegios, que la Fiscalía General de la República investigue a los ex si hay elementos y que aplique sanciones si resultan culpables.  En opinión de Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) llevar a consulta si se juzga a una persona es inconstitucional, violenta el debido proceso, afecta el derecho a la presunción de inocencia, y costaría al Instituto Nacional Electoral (INE) millones de pesos porque implicaría una segunda elección en 2021. Y plantea: si la solicitud de consulta la hace la ciudadanía con más-menos dos millones de firmas, o el Congreso de la Unión con la tercera parte de sus integrantes, o el Presidente, la Suprema Corte de Justicia, instancia que la tiene que validar, la  anularía por ser inconstitucional. Este escenario daría pie a que el Presidente acuse bloqueo y a que se vaya por la libre convocando al pueblo a organizar su propia consulta. Si acaso la Corte diera luz verde, el INE podría recurrir a una controversia constitucional alegando invasión de facultades y que una consulta paralela generaría confusión en el electorado y vulneraría la certeza de los comicios. Desde su tercera campaña por la presidencia, el Presidente prometió llevar a juicio a  Salinas, por privatizar bienes públicos y favorecer a sus allegados, a Zedillo, por convertir deudas privadas en deudas públicas con el Fobaproa, a Fox, por dar concesiones para explotar 30 millones de hectáreas y por el fraude electoral de 2006, a Calderón, por la muerte de 250 mil personas a causa de la guerra contra el narcotráfico, y a Peña, por la corrupción de su gobierno.