La Comisión de Zonas Metropolitanas del Senado, La Cámara de Diputados, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Asociación Nacional de Autoridades de Movilidad, el Encuentro Nacional de diputados y diputadas locales de Movilidad y el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) celebraron este viernes la segunda sesión de los 5 diálogos para la construcción de lineamientos y temas clave a legislar dentro de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
La sesión tuvo como objetivo aprender de la experiencia brasileña en la construcción de su ley de movilidad, y comenzar a construir la visión compartida sobre los temas que deben y pueden ser legislados para avanzar a una visión triple cero (0 muertes, 0 contaminación y 0 discriminación).
A la sesión asistieron de representantes de instancias federales como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (SALUD-STCONAPRA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el Instituto Mexicano de Transporte (IMT), y de legisladores y asesores del Senado y la Cámara de Diputados, autoridades y legisladores locales del Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, y Zacatecas. También participaron representantes de la iniciativa privada, además de especialistas y organizaciones promotoras de esta ley como La Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI), la Iniciativa Global Bloomberg para la Seguridad Vial, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
La mesa contó con la participación especial de Luis Antonio Lindau, director del WRI Centro Ross para Ciudades Sustentables de Brasil y de Martha Martorelli, analista de Infraestructura en el Ministerio de Ciudades de Brasilia.
Entre los aprendizajes de Brasil que se compartieron en la mesa destacaron la importancia de crear un plan general de movilidad y complementarla con leyes y reglamentos secundarios, integrar el desarrollo urbano con la movilidad e implementar una visión sistemática de la movilidad, tener en cuenta los tiempos políticos y construir los planes con la más amplia participación posible.
Lindau, de WRI Brasil, habló sobre los orígenes de la ley de movilidad en su país, y explicó que ya existían grupos de discusión desde 2003, pero que estos no tenían una visión moderna de la movilidad, como la que integra el concepto de accesibilidad, que se refiere a facilitar el acceso de las personas a las oportunidades, y que se adoptó hasta 2012.
Lindau llamó a considerar las necesidades de las ciudades según su tamaño en la planeación.
“Los sistemas de movilidad deben considerar desde las macro hasta las micro ciudades”, dijo.
Adicionalmente, habló sobre la necesidad de que cada municipio cuente con un plan de desarrollo urbano y ambiental, y que este plan se revise cada cierto tiempo.
“El mundo ideal sería hacerlo a nivel metropolitano, pero aún no logramos articularlo a esa escala”, explicó.
Martha Martorelli coincidió en la importancia de tomar en consideración las distintas necesidades de cada ciudad y su amplitud, pues no es lo mismo legislar para Sao Paulo que para Río de Janeiro, ni tienen las mismas necesidades de accesibilidad poblaciones con menos de 20 mil habitantes y las que tienen millones de habitantes.
La analista agregó que el instrumento que realmente orienta a todo el sistema de movilidad en Brasil es la política nacional de movilidad urbana, y que hay un volumen importante de leyes complementarias compatibles con la política nacional.
La diputada Pilar Lozano Mac Donald, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, celebró la realización de las mesas de trabajo, y manifestó su preocupación por problemáticas como los impactos del crecimiento vehicular (que se calcula en un 5 por ciento anual), tales como una mayor contaminación y la incidencia de accidentes viales.
“Tenemos que tomar cartas en el asunto para dar buenos resultados, creo que es algo que todos nos merecemos, merecemos vivir seguros, no sólo en el tema de seguridad como tal”, dijo.
Mariana Orozco Camacho, directora de Vinculación Metropolitana de la SEDATU, comentó sobre la complejidad que implica coordinar a varias secretarías y autoridades en los distintos niveles de gobierno, no obstante llamó a no perder ese enfoque sistémico.
Fernando Páez, director de Movilidad Urbana de WRI México, dijo que es fundamental que los distintos actores de los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones estén de acuerdo sobre el marco común base, y que en este sentido se debe construir sobre lo construido y aprender sobre lo que se ha hecho en otras naciones.
“Tenemos un interés común en aprovechar esta reforma constitucional y hacer una legislación que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, preservar la vida, mejorar la conectividad y reducir las emisiones. Es la visión triple cero, que es fundamental”, dijo.
Tras la aprobación de la reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad, es necesaria la creación de una ley de movilidad que considere al sistema de movilidad como uno de los componentes más importantes de la estructura funcional y de servicio de las ciudades, y que, de estar bien gestionada, permita la realización la visión triple cero.
Para articular estos objetivos es que se convocó a los “Diálogos para la construcción de lineamientos generales y temas claves a legislar”. Se desarrollarán 5 sesiones iniciales durante noviembre y diciembre enfocadas en establecer dichos lineamientos y compartir experiencias nacionales e internacionales en materia de sistemas nacionales de movilidad y seguridad vial, así como esquemas institucionales y financieros.
Este proceso es complementario con el desarrollo de algunas mesas y talleres temáticos que desarrollará la Coalición Movilidad Segura. Entre los dos procesos se busca fortalecer el desarrollo de instrumentos legislativos que hagan posible el derecho a la movilidad.
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