El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, concedió la suspensión provisional del proyecto “Tren Maya” para que las autoridades se abstengan de realizar obras públicas nuevas en lo que se decide la suspensión definitiva y el juicio.
Habitantes en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, decidieron promover el pasado julio de 2020 un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo por la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, realizada entre 02 y 30 de julio del mismo año. Por su parte, la SEMARNAT decidió aprobar la MIA del proyecto Tren Maya el pasado 30 de noviembre, lo que implica que las autoridades ya podían ejecutar las obras nuevas en cualquier momento. En el resolutivo que aprueba la MIA del proyecto, la SEMARNAT reconoció la ausencia de información durante la consulta pública, y que fue responsabilidad de FONATUR, quien no puso a disposición de la autoridad ambiental toda la información del proyecto.
Ante los anteriores sucesos, las agrupaciones señalaron que “las quejosas decidieron ampliar el amparo inicial, en contra de la aprobación de la MIA, porque ésta se dio sin haber garantizado toda la información ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental en la materia”. Señalan que ambas autoridades fueron demandadas como corresponsables al incumplir con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso de consulta al público.
Ante esta situación, comunicaron que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán decidió conceder la suspensión provisional del proyecto para efectos de que las autoridades se abstengan de ejecutar obras nuevas en los municipios donde habitan las quejosas. Con esto, las agrupaciones esperan que se mantenga la suspensión provisional, además de que el Juzgado conceda la definitiva. Asimismo, instaron a las autoridades federales a cumplir con las resoluciones judiciales.
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