ATISBOS

Mal manejo de dinero en obras a cargo del Ejército

Rafael Cienfuegos Calderón

La imagen del Ejército como la institución del Estado Mexicano con el mayor reconocimiento y prestigio entre la población se está deteriorando y su credibilidad y confianza está en entredicho  a causa de las revelaciones que  desde el 30 de septiembre hace el grupo Guacamaya Leaks. La información hackeada que era “secreta”  y se difunde poco a poco expone hechos que ponen en duda su honor. El robo a la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de correos electrónicos atenta contra la seguridad  y el gobierno del cambio tendría que estar en estado de alerta y haber protegido de inmediato las bases de datos de las secretarías y dependencias de la administración pública federal que tienen información estratégica. ¿Lo hizo? Empero no obstante la gravedad que implica la filtración de correos hackeados que lo dejan mal parado como el líder de un gobierno que aspira transformar al país, el Presidente restó importancia al asunto sin dar signos de preocupación. El día 5 ironizó: ¡Uy qué barbaridad!, miren cómo estoy temblando. “No hay nada de qué avergonzarse”. Estos (los Guacamaya) hicieron un escándalo pensando que iban a socavar al gobierno, por eso es importante no robar, no mentir, no traicionar, ser honesto y tener autoridad moral. El jueves 6 El Universal publicó la nota Anomalías en obras del Ejército: auditoría, y copia del correo hackeado a la Sedena sobre la contratación de obras y materiales de la pista 1, de la torre de control 5 y de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la revisión de dos instalaciones de la Guardia Nacional y de 17 sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México. El contenido indica: se realizaron pagos a proveedores sin elaborar la documentación soporte de los procedimientos de contratación y contratados por 64.7 millones de pesos (mdp); se realizaron pagos a proveedores que exceden los montos de los contratos por 11.3 mdp; en el Frente 1 del AIFA, no se realizaron las retenciones a proveedores por las 2/3 partes del IVA por 3.5 mdp; se detectaron C.F.D.I´s cancelados por 2.1 mdp; en el Frente 7 del AIFA, no se integraron las facturas por 1.2 mdp; se realizaron pagos de mayor cantidad a lo estipulado en el contrato por 3.8 mdp, así como pagos sin contar con un procedimiento de contratación por 3.4 mdp; el contrato de adquisición de diesel (año 2019) para los frentes del AIFA (por un monto mínimo de 253.6 mdp), terminó anticipadamente ejerciéndose solo 38.3 mdp sin que se hayan hecho las gestiones necesarias para finiquitarlo; se elaboró un convenio modificatorio a fin de adquirir de manera adicional un camión cisterna por 4.6 mdp que no coincide con las características técnicas del contrato original (camiones de bomberos); se adjuntaron dos contratos a una empresa creada en 2018 por 865 mdp, sin contar con la experiencia requerida (10 años); la actividad económica de proveedores no corresponde con el objeto de los contratos; se integraron contratos que no son originales o que carecen de firmas; se realizaron convenios modificatorios de manera indiscriminada y sin justificación; incrementan y disminuyen las cantidades de bienes por adquirir, sin fundamento y justificación alguna; no se establecen montos mínimos y máximos de contratos abiertos; se eximió de la garantía de cumplimiento, sin razón justificada; en la documentación soporte no se describen las características técnicas de manera pormenorizada de los bienes; en el levantamiento de la torre de control del AIFA, Concretos TPM-Fortaleza, S.A de C.V., y Leonardo Abel Reyes Villela recibieron 5 millones 906 mil 941 pesos adicionales al monto estipulado en contratos; y seis personas, 27 corporaciones y el organismo público de agua de Tecámac cobraron 44 millones 304 mil 543 pesos sin respaldo documental.