Rafael Cienfuegos Calderón
Por qué sí es “venganza política” la embestida de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, que vulnera la autonomía y quebranta la división y equilibrio que la Constitución mandata entre los tres poderes de la Unión?
Porque la actual ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no se doblega ni se presta a las ilegalidades que comete el jefe del gobierno del cambio en su afán por imponer su proyecto transformador.
Ante las presiones, descalificaciones y agresiones de la narrativa presidencial contra el Poder Judicial y particularmente contra la Corte, la ministra y siete de sus pares mantienen su postura de independencia, de apego a la ley y de rechazo a las reformas que son inconstitucionales.
Y lo que el presidente que afirma no es vengativo no perdona por la “derrota política” que significa, es que se hayan echado para atrás las reformas para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por vulnerar el artículo 21 de la Constitución.
Verse obligado a rectificar –que no es lo suyo- para cumplir la resolución regresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los elementos de la Guardia Nacional, “pues las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, es algo que no soporta ni logra sobrellevar.
Hay que anotar que en diciembre de 2018 cuando el hoy presidente de la República tomó posesión los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que hoy están en riesgo de desaparecer ya existían y, “nadie”, ni él, alzó la voz para protestar contra los privilegios de ministros, magistrados y jueces.
En ese entonces el presidente de la SCJN era el ministro Arturo Zaldívar, quién se convirtió en aliado y cómplice de los ilegales actos del inquilino de Palacio Nacional. Lo que explica por qué en los siguientes cinco años el gobierno les suministró recursos a los fideicomisos vía el presupuesto sin que mediara crítica alguna.
Fue hasta marzo de 2023 cundo por vez primera el guía de la transformación habló de un millonario fideicomiso de la Corte, tiempo en el que los ministros discutían la reforma electoral. El motivo fue más que evidente: presionar para evitar que el conocido Plan B fuera declarado inconstitucional.
Empero como la Corte hizo valer la ley y su autonomía, la iniciativa presidencial que aprobaron por mayoriteo los legisladores de Morena y rémoras para debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) quedó sin efecto y eso disgustó al jefe del gobierno porque alteró sus planes.
Luego, el 11 de mayo, el presidente expuso por segunda ocasión que en el Poder Judicial tienen un “guardadito de 20 mil millones de pesos”, por lo que instruyó al secretario de Gobernación para pedirle al Instituto de la Transparencia que solicite la información de cuánto dinero tienen los fideicomisos, qué uso le han dado y para qué.
¿Pues no que el Presidente es el hombre mejor informado de México?
“El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente” (López Obrador, Chihuahua, 03-10-2021).
Con la venganza de desaparecer los fideicomisos de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, más el recorte de 15-20 mil millones de pesos al presupuesto de 2024, el mandatario federal podrá debilitar al Poder Judicial, pero no doblegarlo, en tanto que se haría de millonarios recursos para ampliar sus programas electo-sociales de reparto de dinero.
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