El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que al cierre del sexenio no se tienen cifras económicas confirmadas sobre el beneficio de las medidas de política económica que, según el discurso federal, se han instrumentado con el objetivo de impulsar el crecimiento mediante el fortalecimiento del mercado interno y la reducción de la pobreza, de tal manera que el país mejore su atractivo para la inversión.
De acuerdo con el Centro Mundial de Competitividad, durante 2023 México ocupó el lugar 56 de un universo de 64 países en el ranking de competitividad, lo que refleja la pérdida de seis lugares desde 2019.
No hay duda de que un sistema fiscal sencillo y equitativo es fundamental en materia de competitividad. Pero no solo eso, también es de gran importancia lograr la mayor eficiencia posible en la asignación de los recursos públicos.
Sin embargo, a lo largo del sexenio una importante parte del gasto se ha concentrado en programas y proyectos prioritarios del gobierno que no han mostrado un impacto significativo en el crecimiento de la economía.
Recursos canalizados a programas asistenciales y proyectos poco rentables social y económicamente ha sido la pauta del gobierno. Ni más crecimiento ni menos pobreza, sobre todo la extrema, son el resultado.
Evidentemente las acciones oficiales a lo largo del sexenio no han tenido ese empuje en la confianza de los agentes económicos como tanto se afirma. El deterioro en el ranking de competitividad mundial, así como el ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento, son ejemplos de la necesidad de mayores esfuerzos para consolidar el entorno de un mayor dinamismo de la actividad productiva del país y del bienestar de la población.
En materia de crecimiento, después de una lenta recuperación postpandemia, las cifras más recientes muestran una tendencia a la baja. De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, durante el primer trimestre del presente año el PIB habrá crecido a una tasa anual de 2.0 por ciento, lo que representa su menor avance desde la caída de 2.1 por ciento en igual lapso de 2021. Asimismo, aun cuando se llegase a cumplir el pronóstico oficial de un incremento de 2.5 por ciento para este 2024, la tasa promedio de crecimiento durante todo el sexenio será de solo 1.1 por ciento, la más baja al menos en los últimos cinco sexenios.
Incluso, las expectativas de los especialistas sobre el crecimiento de la economía para el presente año se ajustaron a la baja por segunda vez consecutiva, en tanto que para 2025 se anticipa un crecimiento inferior al 2.0 por ciento.
El consumo privado, indica el CCE, mantiene un comportamiento razonablemente bueno, pero insuficiente para reflejar el dinamismo de los factores que lo impulsan, tales como el empleo, las remuneraciones y otras transferencias a los hogares, las remesas familiares y los programas sociales. Pese a su ritmo de crecimiento, la evolución de las ventas al menudeo y de los servicios mantiene una tendencia a la baja desde principios de 2023.
Aunado a esto, los pobres avances en materia del fortalecimiento del estado de derecho, como reducción de la corrupción, de la violencia e inseguridad, continúan limitando una mejor opinión sobre el nivel competitivo del país.
Como se ha señalado anteriormente, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2023 que elabora el World Justice Project, en materia de corrupción México ocupa el lugar 136 de un universo de 142 países, mientras que en orden y seguridad ocupa la posición 133.
Evidentemente, no basta el discurso oficial para garantizar la solidez de la economía; es claro que no es suficiente para que la precepción de las empresas sobre la situación competitiva de nuestro país mejore sustancialmente.
La eficiencia gubernamental, dentro de la cual se consideran aspectos como finanzas públicas, la política fiscal y la deuda pública, es un factor importante dentro del indicador de competitividad. En este tema México se encuentra en el lugar 60 (de un universo de 64 países) en materia de eficiencia gubernamental.
La preocupación aumenta cuando se observa que la percepción generalizada señala que los factores que mayor problema generan para hacer negocios son la corrupción y el ambiente de crimen e inseguridad, en general, factores de no fácil resolución y que muestran la debilidad del estado de derecho.
El CCE denuncia que frente a un discurso poco alentador de las y el candidato presidencial, no es extraño que el sector privado observa bajos niveles de confianza.
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