El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que para alcanzar un “México mejor para todos” se requiere de la creación de empleo de calidad y la prosperidad, además de la instrumentación de las políticas necesarias para combatir la pobreza y la inseguridad e impulsar la inclusión, la justicia social y la generación de oportunidades y la movilidad social, siendo fundamental el respeto al Estado de Deerecho.
La condición necesaria para la prosperidad es, sin duda, un Estado de Derecho robusto que garantice reglas claras y justas que impulsen la inversión productiva a través de una regulación eficiente que estimule la operación de las empresas ya establecidas, la creación de nuevas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a los nuevos emprendedores.
Para el organismo empresarial se requiere que las instancias gubernamentales respeten la Constitución, situación imprescindible del estado de derecho y que el Poder Judicial es su garante, de tal manera que su calidad e integridad son indispensables para la protección de los derechos de todos.
En este contexto es fundamental fortalecer la autonomía que la Constitución confiere a organismos como el INE y el TEPJF, que son indispensables para garantizar la democracia.
Para la operación eficiente de todos los sectores es fundamental contar con una estrategia nacional efectiva e integral de seguridad que contemple una mejora del sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y la consolidación de la autonomía, independencia y eficiencia de la Fiscalía General que garantice la justicia expedita cotidiana.
El gobierno debe poner en marcha estrategias claras para garantizar la seguridad en zonas específicas, como las zonas de tránsito de mercancías, paso de migrantes y otros puntos logísticos clave. En este contexto es importante considerar un Programa Nacional de Seguridad en el Transporte como una estrategia integral con acciones encaminadas a combatir el robo al autotransporte de carga y la instalación de centros de reacción inmediata en diversas ciudades.
En este contexto, hay que poner atención en el fortalecimiento de la denuncia a fin de abatir la llamada cifra negra. La promoción de la participación de la ciudadanía con mecanismos seguros y accesibles para que las violaciones a la ley sean denunciadas de forma verdaderamente anónima es indispensable.
La falta de castigo o consecuencias para aquellos que cometen delitos ha provocado el aumento en los niveles de violencia, erosionando la confianza en las instituciones de justicia, creando un clima de inseguridad en el país, lo que contribuye a perpetuar la violencia y la corrupción.
Para enfrentar la impunidad en México es vital fortalecer las instituciones de justicia, garantizar la independencia del poder judicial y erradicar la corrupción en todos los niveles del gobierno, además de una mayor colaboración entre las autoridades y la sociedad civil para abordar este problema de manera integral y efectiva.
Sólo a través de esfuerzos coordinados y sostenidos se podrá hacer frente a la impunidad en México y restaurar la confianza en el Estado de derecho.
Es evidente que la prevención de la inseguridad es un tema de suma importancia. Con una tasa de criminalidad en constante aumento, es imprescindible la implementación de estrategias efectivas para proteger a la población y garantizar su seguridad.
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