Rafael Cienfuegos Calderón
Desde que adelantó en agosto de 2021 la carrera presidencial con sus corcholatas como posibles candidatos de Morena y partidos parásitos hasta la elección de 2024, el hoy gobernante se convirtió en delincuente electoral a sabiendas de que por su investidura no sería penalizado.
Los delitos electorales que cometió el presidente del cambio y la transformación hasta tres días antes de las elecciones del 2 de junio, por veda, estuvieron a la vista y en todo momento al descubierto.
Violentó la Constitución al no acatar el mandato de que ningún presidente puede intervenir en los procesos electorales, mismo que promovió en 2007 tras perder la elección presidencial de 2006 contra el panista Felipe Calderón para que como Vicente Fox, entonces mandatario, ninguno se entrometiera.
Ya en el poder eso no le importó.
Contrario a sus repetidos dichos de que respeta la ley electoral y que “nosotros no somos iguales”, luchamos por la democracia porque enfrentamos fraudes (14-05-2024), están 51 medidas cautelares que emitió en su contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A pesar de que en enero de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ordenar al Presidente, gobernadores y servidores públicos abstenerse de hablar sobre la elección –intermedia- en actos públicos no hubo acatamiento y la falta fue constante hasta la de 2024.
De acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales un funcionario o servidor público de los gobiernos federal, estatal o municipal comete un delito electoral cuando, entre otras causas:
Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato(a), partido político, coalición, agrupación política o candidato(a), sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados.
El inventor de la transformación que ideológicamente se quiere imponer, impulsó, apoyó y promovió desde la presidencia a su hechura política, Claudia Sheinbaum, para ganar la elección y atacó a la oposición y su candidata, Xóchitl Gálvez, a la vez que puso al servicio de la campaña oficial a los Servidores de la Nación -empleados de la Secretaría del Bienestar- y a los gobernadores morenistas.
Cometer ese delito electoral lo convierte en delincuente electoral al que, por ser el Presidente en turno, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales no puede aplicar la ley para sancionarlo.
Sabedor del fuero que ostenta y de la impunidad que le confiere, el Presidente actuó con premeditación, alevosía y ventaja para violar la Constitución y la Ley Electoral.
Y -aunque a toro pasado- el Tribunal Electoral confirmó (17-07-2024) tres proyectos de sentencias en su contra por intromisión y generar inequidad en la contienda al hacer comentarios durante la campaña, usar recursos públicos, y difundir propaganda gubernamental en tiempo prohibido.
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