Leonel Godoy, Fernando Gómez Mont y Enrique Peña Nieto.
Tras cuatro aguerridos días de embate a las fuerzas armadas y corporaciones policíacas federales, culminando en una matanza de doce representantes del estado y de la ley, el crimen organizado y del narcotráfico planteó al gobierno de Felipe Calderón pactar. Lo cual significaría que se les reparta el país para actuar y seguir con el narcotráfico.
El Presidente Calderón advirtió, luego de exaltar la vida de los doce agentes federales, entre ellos una mujer, que fueron asesinados en Michoacán, donde estaban comisionados para perseguir y aprehender a los narcotraficantes. Tras la aprehensión de un jefe de la banda de “La Familia”, Arnaldo Rueda, “la Minsa”, comandos de 15 o 20 sicarios atacaron cuerpos militares y de la policía federal, en Morelia, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Zamora y otras plazas.
Michoacán es una de las entidades con vacío gubernamental estatal. La policía local es incapaz y la infiltración llegó a niveles superiores, 27 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy fueron aprehendidos, entre ellos el procurador de Justicia y una mujer cabeza de la seguridad pública estatal; además, Julio César Godoy, hermano del gobernador, está prófugo tras una orden de aprehensión y fue postulado por el PRD a diputado federal, elección que ganó en ausencia.
El gobernador Leonel Godoy repite que su gobierno coopera con el gobierno federal, con fases insensibles de gobernabilidad “levantamos los muertos”. Y repite una y otra vez: “yo no renuncio” y se sustenta en que es un gobierno electo. Michoacán se está muriendo, también, de parálisis económica y turística.
Servando Gómez, “la Tuta”, tomó el teléfono y llamó a un programa de la televisión de Morelia y tras resaltar su organización llamada “La Familia”, dijo que son un mal necesario porque protegen a la gente de la otra banda llamada “los Zetas”, pidió garantías para sus familiares y planteó, al Presidente Calderón, pactar.
Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, fue contundente al responder que la acción del Estado contra la delincuencia organizada continuará y “el gobierno federal no dialoga, no pacta ni negociará jamás con organización delictiva alguna”.
Ante la colindancia del estado de Michoacán con el estado de México y la presencia de integrantes de la banda “La Familia”, el gobernador Enrique Peña Nieto, entrevistado sobre este tema, recordó que mantiene una relación muy estrecha de colaboración con el gobierno federal y los cuerpos militares y de la policía federal; advirtió que de acentuarse la violencia del crimen organizado, será necesario revisar, vía del legislativo, las facultades del Ejército y darle más garantías para su acción en defensa del Estado y garantía de la tranquilidad social del pueblo.
Varios organismos no gubernamentales, como Human Rights, HRW, con su director, José Miguel Vivanco, han reforzado una movilización política contra la acción del Ejército combatiendo al narcotráfico; su línea es la defensa de los derechos humanos, lo cual es muy plausible, pero asumir la actitud extrema de pedir al gobierno de Estados Unidos no entregar los dineros del Plan Mérida y con frecuencia un discurso de deslegitimación del Ejército, postura que otros comentaristas siguen, ante la violencia fría y masiva de la delincuencia, igual en Nuevo León o Baja California o Chihuahua, debe autorevisarse este tipo de organismos.
Por aire, mar y tierra
A Michoacán mandó el Gobierno Federal, 5 mil 500 elementos de seguridad, informó Fernando Gómez Mont, tras su sesión del gabinete de seguridad.
También se incrementó el equipo de operación con helicópteros. La orden es combatir y aprehender la banda «La Familia».
Comentarios Cerrados