Resultado de las más que evidentes condiciones políticas existentes en el país, la “ceremonia” del Informe presidencial dejó de ser el eje de la atención política. Los esfuerzos del Presidente Felipe Calderón por llenar el espacio con mensajes en los que se buscó resaltar el “éxito” de su gestión no lograron el objetivo. A final de cuentas, la realidad resulta ser demasiado pesada como para que la sociedad acepte que “todo está bien” o que el daño de la crisis será algo sencillo de superar. Las condiciones económicas y la creciente violencia no admiten como respuesta los “avances” que con gran costo y despliegue, lanzó como ofensiva política mediática el gobierno. Así, la agenda política se mantiene en los mismos puntos y las condiciones en las que se desarrollará la segunda mitad del sexenio no han variado. Poco importan en realidad las cifras del gobierno, sus llamados a los acuerdos y la negociación y su optimismo sobre el futuro. Lo que ha ocupado el sitial de honor no es otra cosa que la forma en que se desarrollarán los trabajos políticos en los tres años que le restan al gobierno. En otras palabras, ¿habrá ahora sí, acuerdos de fondo?
Y lo que es mucho más importante, ¿se respetarán esos acuerdos? En la primera parte del gobierno, los panistas buscaron y alcanzaron convenios políticos con los priístas, sólo para ante las elecciones federales intermedias, lanzarse a la carga con todo el peso del estado y sin tener en cuenta que ello ponía los acuerdos en riesgo. Fue el gobierno el que promovió la confrontación y fue el gobierno el que, con Germán Martínez como punta de lanza, colocó o trató de hacerlo, a los priístas como el nuevo “peligro para México”. Esta estrategia terminó en un desastre total. El PAN retrocedió seriamente en su representación. Y Felipe Calderón perdió una apuesta enorme. Así, los nuevos discursos y las nuevas llamadas a la concordia y los acuerdos no son suficientes para resolver el problema de fondo que no es otro que el saber si el gobierno está en esta ocasión, en verdad dispuesto a respetar los acuerdos y llevar la agenda nacional separada de la agenda partidista. El Informe de gobierno, reducido ahora a una ceremonia menor en Palacio Nacional, queda convertido en un movimiento mediático que busca dar imagen al gobierno. Pero en la práctica, no responde a las necesidades políticas del momento. La realidad está en las decisiones que se tomen a partir de estos días. ¿El presidente ajustará o no su equipo de gobierno? ¿Lo hará con intenciones partidistas o con miras de gobierno? ¿Con diez elecciones para gobernador el año próximo, Calderón será otra vez un jefe del campaña para el PAN, o buscará destrabar los acuerdos políticos con los partidos de oposición? ¿Necesitado de una plataforma política real y de operadores políticos efectivos, el Presidente buscará el acuerdo político que permita sortear la crisis, o se acercará a los partidos rivales sólo para crear imágenes políticas que le puedan dar votos a su partido? El problema no radica en los dichos del Informe de gobierno o en las cifras que se manejan. Ni siquiera está en las críticas de las oposiciones y en las duras cifras del desempleo y la caída económica.
El problema está en la forma en que el gobierno ha decidido hacer frente al problema y el alcance que pretende dar a sus medidas. Esto es, la forma en que el gobierno ha decidido trabajar para resolver el reto financiero y el papel que desea que en ello desempeñen las oposiciones. Si Calderón quiere que los costos políticos corran a cargo de las nuevas mayorías en el Congreso, o si está dispuesto a pagar el precio del desempeño del poder, es el eje del problema. Y de lo que se decida en este punto dependerá en buena medida, lo que habremos de enfrentar en los próximos tres años. De esta manera, lo sucedido en el Informe, por bueno o malo que pueda parecer, no es más que en realidad el inicio del verdadero debate de fondo… Los primeros encuentros del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, ha dejado ver que la conducción del grupo será compleja. De entrada, el tema económico no fue dejado en manos de manos de los “coordinadores” como se quería. Y ello simple y llanamente deja ver que los gobernadores, o varios de ellos, están muy lejos de aceptar que todo se resuelva al “viejo estilo”. Beatriz Paredes no pudo imponer criterios. Carlos Rojas se vio obligado a replegar fuerzas y el grupo que pretende no “chocar” con el gobierno entendió que no todos los priístas comulgan con la idea del acercamiento total. Y este es el primer paso. Una vez que este asunto se resuelva, quedará el tema de la llamada ley Televisa. Y aquí uno de los grandes enjuiciados podría ser Enrique peña, gobernador del Estado de México.
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