Por: Ricardo Chávez, Colaborador invitado
México, desde la época prehispánica hasta nuestros días, ha estado ligado a la cultura alimentaria del maíz. La familia mexicana, en especial las clases populares, están prendidas al consumo de los productos derivados de la fécula del maíz, como tortillas, totopos, maicenas, harina para tamales y para elaborar pozole en fiestas y conmemoraciones. Este consumo necesita estar garantizado por abundante reserva del producto que, en el ramo agroalimentario, está potencialmente comprometida la demanda por la oferta de la producción, localizada en pequeña producción de parcelas temporales para su autoconsumo que, una vez satisfecho, venden sus excedentes al mercado local y regional, y por los productores de los Distritos de Riego, quienes, en lo general, han sido afectados por los impactos de las reglas del Tratado de Libre Comercio (TLC), las políticas crediticias al reducirse las operaciones de la banca de desarrollo y la operatividad en esos Distritos, por darle prioridad a los cultivos de trigo, hortícolas, forrajeros sorgo-soya y el algodonero.
Frente a los derechos de agua suministrados de embalses y presas, los productores se topan con las desquiciantes temporadas de sequías, provocadas por el Cambio Climático, manifestado por exceso de lluvias y largas temporadas de sequías, zonas agrícolas productoras potenciales para realizar la existencia de reserva de maíz y satisfacer las necesidades de la población y la industria.
Sólo que las políticas agroalimentarias del país no responden a las necesidades de los maiceros a quienes no se les garantiza un precio por toneladas que sobrepase los costos de producción y se enfrentan a la regulación de los precios establecidos en el mercado mundial que, coincidentemente, en épocas de cosechas las operaciones comerciales del gobierno para garantizar las reservas del maíz en el mercado nacional, abre las puertas a la importación y extiende a las empresas comercializadoras que, en su mayoría son parte de las transnacionales, a comercializar granos, con permisos de importación y de exportación cuando lo consideran necesario a sus intereses comerciales, sin importar los montos de la reserva de maíz quedando en riesgo la seguridad alimentaria de los mexicanos.
Así, los maiceros quedan colgados de la brocha, a expensas del coyotaje de los granos, semillas y de empresas comercializadoras, quienes les afectan precios, muchas veces por debajo de los costos de producción, y los marginan de los procesos de comercialización y abasto al desaparecer los mecanismos de comercialización entre los productores y consumidores en el campo del mercado nacional, sustituido por el grandes comercializadores nacionales, ligadas a multinacionales de granos y semillas.
Estas son las circunstancias en las que se desarrollan las políticas agroalimentarias que especulan con los intereses y necesidades de los maiceros y consumidores, sin importar la seguridad alimentaria del país, prisionera de mecanismos y reglas del mercado mundial, establecidos por el TLC, que, sin considerar los intereses de productores y consumidores, los políticos agroalimentarios del gobierno los dejan en los vaivenes de los costos de importación y exportación.
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