Debido la incertidumbre de posibles permisos experimentales en materia de maíz genéticamente modificado que ha autorizado el gobierno mexicano, diversos grupos de ambientalistas como de campesinos del norte de México han solicitado que el granero de México, el estado de Sinaloa quede libre de este tipo de permisos.
Ante este panorama, Greenpeace llevo a cabo una serie de discusiones al respecto con especialistas del ramo en dicha entidad; destacando la presencia de Percy Schmeiser, agricultor canadiense que fue llevado a juicio por Monsanto, acusado de haber “robado sus plantas” –organismos genéticamente modificados (OGM)-. El caso de Schmeiser ilustra la difícil situación a la cual pueden ser sometidos los agricultores de todo el mundo por las transnacionales y sus transgénicos.
Este caso versa en que las parcelas de Percy Schemeiser fueron contaminadas por transgénicos de Monsanto, transnacional dueña de más del 90 por ciento del mercado de los OGM a nivel internacional. Tras años de proceso judicial, el agricultor ganó y decidió dar a conocer su historia para concientizar a los agricultores antes de que sean totalmente dependientes de las empresas de transgénicos.
“Yo nunca tuve un contrato con ellos (Monsanto), lo único que hacía era guardar mi semilla año tras año. Con la entrada de los transgénicos, uno como agricultor está en riesgo de perder su capacidad de continuar con las prácticas tradicionales de siembra y obligarse a pagar por semillas genéticamente modificadas. Lo preocupante es que en el terreno legal entre los derechos de los agricultores y los derechos de las empresas de biotecnología, las leyes se inclinan hacia las empresas”, comentó Percy Schmeiser.
Al respecto, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, comentó que “los agricultores sinaloenses tienen derecho a saber que las semillas y alimentos genéticamente modificados son estigmatizados en el mercado, lo que complica su comercialización. Las siembras de maíz transgénico no solo representan un riesgo ambiental sino también económico, por lo que no hay razón para sustituir la producción sinaloense de maíz blanco, utilizado para la alimentación humana, por uno amarillo, transgénico y para fines forrajeros. Lo que está en juego es la calidad y reconocimiento del maíz sinaloense”.
La ambientalista dijo que se debe hablar de los impactos económicos que enfrentan los productores que han sembrado transgénicos: cero incremento de la productividad, cero ganancias, costos adicionales por contaminación de cultivos convencionales, incremento en el uso de agroquímicos, dificultad para comercializar su producción, entre otros; a este panorama hay que sumar las afectaciones ecológicas y sociales.
De acuerdo a la información oficial, el 26 de febrero venció el plazo legal para que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emitieran una respuesta a las seis solicitudes de siembras comerciales presentadas por empresas transnacionales de biotecnología para los estados de Sinaloa y Tamaulipas; situación que no ha sido dado a conocer.
Dos de las solicitudes presentadas corresponden a la transnacional Monsanto que busca vender sus semillas de maíz transgénico para que sea cultivada en todo el territorio de Sinaloa. Esta situación representa un gran riesgo para los agricultores locales y su producción, la cual por flujo genético puede comenzar a contaminarse.
Monsanto, Agrosciences y Pioneer presentaron seis solicitudes para cultivar maíz transgénico y a partir de septiembre del 2012, desde entonces, la Sagarpa contaba con cuatro meses para emitir una resolución, periodo que concluyó el 26 de febrero. http://www.senasica.gob.mx/?id=4443.
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