Ante la insuficiencia del Poder Ejecutivo del gobierno de la República, por no llamarla ineptitud, vista en los resultados, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, debe cumplir de mejor manera sus atribuciones de control.
Recursos para hacerlo parecieran no tener una aplicación cabal, nuevamente vistos los resultados.
La obligación del titular del Ejecutivo de informar sobre el estado que guarda la administración pública federal debiera tener un seguimiento más allá que la siempre discutida y discutible comparecencia de los secretarios de despacho, secretarios de Estado les dicen, ante comisiones y plenos de las Cámaras de Senadores y de Diputados.
A través de los medios, y del propio Canal del Congreso, vimos lo sucedido con la comparecencia de los secretarios de Hacienda, de Seguridad Pública, de Desarrollo Social, del Trabajo.
Peor le fue al titular de esta última dependencia, Javier Lozano Alarcón, soberbio y rijoso como corresponde a sus antecedentes. La glosa del informe presidencial, en el ramo a su cargo, y las respuestas a los cuestionamientos de los legisladores quedaron truncos. Una decisión de la mesa directiva, y más que de la directiva, de su presidente Francisco Ramírez Acuña, suspendió la sesión del caso por “irrupción” de un grupo de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Inclusive se le llegó a dar por solventada la responsabilidad de comparecer.
Al informe presidencial siguen las preguntas parlamentarias. Cuyas respuestas deben ser ciertas. Los comparecientes protestan ante el pleno legislativo hablar con la verdad. Pero la disposición constitucional no establece sanción alguna para quien no lo haga así. Debiera haber el voto de censura, como en los regímenes parlamentarios, que obligan al cese de quien incumpla. Esto es un asunto pendiente en la tan demandada, y nunca cumplida, reforma del estado. Reforma política, precisa el diputado Porfirio Muñoz Ledo, sin duda uno de los expertos en la materia.
Los comparecientes protestan decir la verdad aunque los hay que ni siquiera saben cómo rendir protesta, tal sucedió al señor Carstens, cuando asistió ante los diputados. Ignoraba que al hacerlo la mano que se levanta es la derecha y de frente al pleno. Cosas de la vida hay quienes son sabios pero olvidan cómo amarrarse los zapatos.
Además del informe y de las preguntas parlamentarias existen otros procedimientos, como la revisión del ejercicio de la cuenta pública y de la evaluación del desempeño, atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. La ejerce a través de su órgano técnico la Auditoría Superior de la Federación, dotado de autonomía técnica y de gestión. Esta facultad constitucional es fundamental, y por tanto indeclinable, en el “equilibrio de poderes” necesario entre los órganos de gobierno para garantizar una gestión cabal de las responsabilidades del Estado.
Hay un recurso más al cual los legisladores acuden en forma rutinaria y del que poco se habla y por consiguiente poco se sabe: los puntos de acuerdo con proposición. Contienen recomendaciones, reclamos, señalamientos, a las entidades de la administración pública sobre asuntos a su cargo. Por ejemplo, en ocasión de desastres naturales como los que ahora padecen entidades federativas como Veracruz y Tabasco. Los plenos de las Cámaras emiten puntos de acuerdo con recomendación a la Secretaría de Gobernación para que el fondo destinado a asistir a damnificados por fenómenos naturales (Fonden) se aplique a tiempo.
¿Qué ocurre si no se atienden? Nada, no pasa nada.
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