Una vez más, el tema de las agresiones y muerte de periodistas es noticia. Ahora, la sede fue el Senado de la República, en donde se presentó el libro “Género y Libertad de Expresión”, resultado de sendos foros donde los panelistas coincidieron en que el primer obstáculo al que se enfrentan los agraviados al presentar la denuncia es, precisamente, su acreditación como periodista.
En el patio central de Xicoténcatl, la senadora del Partido Verde y responsable de la compilación, Ludivina Menchaca Castellanos, indicó que en los últimos nueve años 53 periodistas han perdido la vida, cifra que lejos de disminuir, va en aumento, pues en este sexenio han sido asesinados 20 comunicadores.
Indicó que en 2007 fueron cinco; seis en 2008 y nueve durante el presente año, y de estos crímenes, tres fueron cometidos contra mujeres y, con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resaltó que durante 2009 se han registrado 201 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación y de 1991 a 2008, el organismo defensor de los derechos humanos recibió 647 quejas, 52 correspondieron a mujeres.
Los agravios contra periodistas no respetan género y, a decir de la legisladora, la libertad de expresión se encuentra en un momento crítico, pues desde el año de 2006, México es considerado el país más peligroso del Continente para ejercer el periodismo por el alto número de agravios, la falta de persecución y sanción a los responsables..
Esto no es nada nuevo. Lo que preocupa y alarma cada vez más a quienes nos dedicamos a la noble tarea de informar, es que ante los datos duros, no actúen responsablemente los encargados de investigar, detener y juzgar a los sicarios contratados por la delincuencia organizada.
Es manifiesta la poca eficacia y decisión de los poderes ejecutivo y judicial para contrarrestar la situación que, en el caso de las mujeres, es mayor la desventaja al ejercer su derecho a la libertad de expresión, al ser más vulnerables ya que los hijos de las comunicadores se convierten en blancos de las agresiones o bien, prevalecen las amenazas de índole sexual.
La senadora recordó que en 2007 se derogaron los delitos de prensa del Código Penal Federal y se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas y, cuando todo hacia pensar que se estaba en el sentido correcto, lamentablemente, no es así.
Por ello, propondrá la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, y presentará una excitativa para que las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos dictaminen a la brevedad reformas al Código Penal federal, donde se tipifican los delitos cometidos contra la libertad de expresión.
La recomendación obligada a la senadora es que, al proponer lo anterior, solicite que autoridades y medios investiguen a fondo, los antecedentes de los agredidos y asesinados para deslindar responsabilidades y actuaciones, por aquello de las generalidades y que cualquiera diga periodista sin serlo.
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