Ricardo Chávez,
Colaborador invitado
El desmedido crecimiento inmobiliario y urbano generan una fuerte demanda de agua potable que afecta los cuerpos de agua de presas que han sido diseñadas para dotar de derechos de agua la producción agrícola, la cual está regulada por la Comisión Nacional de Agua (Conagua), a través de sus representaciones estatales y regionales, respectivamente, las que han estado disponiendo arbitrariamente de cuerpos de agua de uso agrícola para dotar de agua potable a zonas urbanas, lo que pone en riesgo los derechos de agua de productores y sus cultivos en pie, ante el uso de las aguas de las presas y por su orientación al servicio de agua potable de zonas urbanas.
Como sucede en las regiones agrícolas del norte de Sinaloa, del Carrizo y El Fuerte, que como productores con cultivos en pie de maíz, frijol, ajonjolí y sorgo, en una superficie de 120 mil hectáreas en peligro de perderse al excluirlos de los programas de riego y por el cierre que la Conagua ha hecho de las presas de la región al riego agrícola para destinarla al consumo de las zonas urbanas de la región.
De igual forma, en Sonora, en tiempo resiente la Conagua, a través de su representación en el estado, destino 75 mil millones de metros cúbicos correspondientes a los derechos de agua de la comunidad yaqui, destinados a los cultivos de trigo, sorgo, frijol y cártamo, en una superficie de 10 mil hectáreas para incorporarlas al Acueducto Independencia y dar servicio de agua potable a la ciudad de Hermosillo, Son.
La disponibilidad arbitraria de la Conagua de estos derechos de agua para la producción agrícola y transferida para su uso en zonas urbanas, ha generado airadas protestas por parte de los productores agrícolas afectados en sus derechos de agua y de sus cultivos en pie.
Se han visto en la necesidad de hacer uso de sus derechos jurídicos, otros de tomar medidas extremas como el de tomar el agua de canales a través de bombas y dispuestos a todo, ante las medidas arbitrarias de la Conagua y sus respectivas representaciones estatales de disponer de los derechos del agua agrícola para trasvasarla al uso doméstico, acciones que alejadas del derecho y el diálogo pueden llevar la sangre al río. No hay que buscarle cinco pies al gato.
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