Reforma penal

En el marco de seguimiento a tareas, compromisos, responsabilidades, obligaciones que conlleva la reforma penal, de factura reciente, en el recinto legislativo de San Lázaro, se celebró una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
La reunión fue el jueves pasado, justo el día en que, durante la madrugada, se había concluido la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación., lo cual no impidió que la comisión legislativa estuviera cabalmente representada en la persona de los diputados César Camacho Quiroz, quien la preside, Victorio Montalvo Rojas, Carlos Navarro, Jorge Mario Lescieur Talavera y la diputada Patricia Castillo. Con ellos, por ellos, se puede afirmar: presentes los grupos parlamentarios del espectro político camaral, por consiguiente, de una representatividad sin discusión.
Por parte de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, asistió la mayoría de los magistrados presidentes de los poderes judiciales de los estados, encabezados por quien la preside, José Castillo Ambriz, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En este caso la procedencia fue de entidades donde gobiernan PRI, PAN Y PRD. Esta característica no es de importancia menor. Se trata de una señal alentadora. Todas las fuerzas políticas están unidas en la tarea de enfrentar a uno de los problemas más importantes de la nación: la inseguridad.
Y es que la inseguridad debe ser enfrentada desde sus vertientes de: prevención y persecución del delito, del delincuente; procuración, actuación ministerial; administración e impartición de justicia; readaptación social.
Así, en los aspectos de justicia, bajo el marco de la reforma penal correspondiente, el acuerdo de los involucrados es obligado. Más allá, como bien señaló el diputado Victorio Montalvo, debe incorporarse, además de los poderes ejecutivos y legislativos locales, a las instituciones de educación superior. A organizaciones de la sociedad civil. El propósito: enfrentar con mayor eficiencia y eficacia a los fenómenos de la inseguridad y cuanto de ellos derivan. En la tarea, todos están involucrados.
La reforma penal, dice el diputado Montalvo, impone retos que deben resolverse con oportunidad. Entre ellos los de promover una nueva cultura de la legalidad, de creación de infraestructura acorde a los nuevos procedimientos, de capacitación de los servidores públicos en nuevas formas procesales, como es el caso de los juicios orales.
La reunión de las comisiones legislativa y de tribunales superiores de justicia, como dije, alienta la expectativa de arribar a procedimientos debida y suficientemente consensados, encaminados a superar condiciones críticas que ahora, y quién sabe para cuánto, vivimos.
La agenda desahogada motiva reflexiones a las que nos avocaremos en entregas posteriores:
Implemento del sistema penal de corte acusatorio. Competencia concurrente en materia federal a favor de los tribunales locales en materias de amparo, mercantil y justicia para adolescentes. Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Narcomenudeo. Asignación presupuestal, pendiente, que corresponde al ejercicio del año que concluye.
El seguimiento a estos temas, no sólo por las instancias a cargo, formalmente, corresponde a todos cuantos están interesados en conseguir servicios de seguridad, en sus vertientes, repito, de prevención y persecución del delito; procuración de justicia; impartición y administración de justicia; readaptación.
Todos estamos interesados en que acontecimientos como los que hoy agobian a Ciudad Juárez, no se repitan en los espacios de nuestra vida cotidiana. En los espacios de la vida de nuestras familias.