Las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos analizan una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, para que se establezca una evaluación psicosocial de niños y adolescentes, y estar en posibilidad de detectar posibles señales de violencia que afecten su desarrollo escolar, entre otros.
Lo anterior obedece a una propuesta específica de la senadora Marcela Guerra Castillo, quien planteó reformas a los artículos 7, 8, 50, 69 y 70 y adiciona el 60 BIS a la citada Ley General de Educación en materia de participación infantil y detección de factores de riesgo psicosocial.
En sus argumentos, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional apuntó que el derecho a la educación no sólo abarca el acceso a la enseñanza, sino además la obligación de eliminar la discriminación en todos los planos del sistema educativo, así como establecer normas mínimas y mejorar la calidad.
“Sin embargo –sostuvo-, las reformas que fueron impulsadas bajo este contexto (en 1992) sólo fueron de carácter enunciativo, pues no establecieron mecanismos efectivos para garantizar los derechos humanos dentro del sector educativo”.
Ante ello, advirtió que uno de los principales objetivos de la iniciativa en mención es la detección de factores de riesgo psicosociales, a efecto de que se erradiquen todas las formas de violencia contra menores y se establezcan mecanismos eficaces para denunciar estos casos.
Con tal propósito, planteó en particular una reforma al artículo 50 para quedar como sigue:
“A la par de la evaluación de conocimientos, la autoridad educativa realizará a cada educando una evaluación psicosocial, encaminada a determinar las condiciones sociales, emocional y psicológicas de cada educando”.
También se dispone que, en caso de detectarse un factor de violencia, la autoridad educativa tiene la obligación de informar al educando, padre, madre o tutor.
Además, la autoridad educativa canalizará y orientará al educando a instituciones de atención psicológica o social que puedan brindarle tratamiento para la atención, cesación y erradicación del origen de riesgos y la restitución plenos de sus derechos.
Bien por esta propuesta, hace mucha falta a los niños y jóvenes dejar de sufrir violencia psicológica.
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