La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia siempre destacada del diputado Juventino Castro y Castro, doctor en derecho y licenciado en filosofía y letras, que tiene entre sus antecedentes el haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia, aprobó por unanimidad dictamen de minuta (esto es, iniciativa) con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de nuestra Constitución.
Establece: “El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos”.
El posicionamiento de los grupos parlamentarios presentes en la Comisión, los que están representados en la Cámara de Diputados, todos, fue congruente con los elevados propósitos que animan la adición del caso.
Al respecto vale una reflexión sobre palabras del diputado duranguense José Ricardo López Pescador: “Las acciones colectivas son un elemento clave para reivindicar el estado de derecho, para la Reforma del Estado y para combatir la impunidad”.
“Permitirían a los ciudadanos y a sus organizaciones sociales, así como a las entidades públicas presentar demandas judiciales colectivas para la defensa de intereses y derechos colectivos y difusos, hasta ahora no justiciables, dado que los procesos judiciales individuales son inviables por sus altos costos y las asimetrías entre las partes”
Puntualiza el diputado López Pescador algunos ejemplos de casos que podrían resolverse con una sentencia o medida precautoria:
Venta de productos peligrosos, contaminados, dañinos o tóxicos; privar a los menores de agua potable en escuelas para que consuman refrescos; tala masiva de árboles urbanos para destacar anuncios comerciales espectaculares, contaminación de aguas o tierras por desechos tóxicos.
Al respecto podemos decir que esto es cumplimiento de una tarea que demuestra que sí hay resultados en el trabajo legislativo. Hay trabajo que genera acuerdos plurales en torno a cuestiones muy sensibles para la comunidad.
“Venta de productos peligrosos…” ¿Sabemos algo de esto? Sí, todos los días nos enfrentamos al riesgo de adquirir en un mercado, ampliamente publicitado, productos que se dice alivian algún tipo de enfermedad con la advertencia tramposa de que quien lo adquiere lo hace bajo su bajo su responsabilidad.
La tala de árboles, en zonas urbanas, y rurales, por supuesto, es asunto cotidiano. Pregúntese a los habitantes de Angagueo, Mich., las consecuencias del tráfico criminal del tráfico de madera.
Niños sin agua potable en escuelas. Sin comentarios. Sólo pongamos atención a los, hasta ahora atendidos, informes sobre el consumo de refrescos, uno de los causantes del problema de obesidad infantil (y de mayores) que ubica a México en un segundo lugar mundial en esta cuestión de salud pública. ¿Cómo de que no podemos alcanzar un honroso segundo lugar en algo, en el concierto internacional?
Bien pues por este resultado legislativo, que honra a los diputados y senadores, en el logro de un dictamen que precisa: “la incorporación de la figura jurídica de acciones colectivas de acuerdo al estudio de derecho…, ha tenido un impacto significativo en las sociedades contemporáneas en las cuales se introdujo como normativa: un mejor desarrollo al acceso a la justicia e introdujo frenos al abuso del poder, y la compensación a las quejas que antes no eran respetadas”.
El dictamen fue aprobado en el pleno de la Cámara en su sesión del jueves pasado. La votación fue de 319 legisladores a favor y una abstención. En la continuación del proceso pasa ahora a las legislaturas estatales. Sin duda será aprobada por la mayoría y, finalmente, la adición al artículo 17 será promulgada por el Presidente de la República con lo cual alcanzará rango de ordenamiento constitucional.
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