Se dio a conocer que el gobierno mexicano podría autorizar pozos petroleros y extracción de gas en el santuario de la Mariposa Monarca, en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, la selva Lacandona o cualquiera de las 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país, si el Congreso aprueba la legislación secundaria de la reforma energética, tal como se encuentra ahora en los dictámenes del Senado, alertó Miguel Ángel Soto, vocero de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace.
Comentó que “aún hay tiempo de evitar que la industria de los hidrocarburos destruya el medio ambiente si los legisladores ponen candados a las leyes secundarias de la energética. Lo que proponemos es que en la discusión que se está llevando a cabo se modifiquen los artículos 20 y 33 de la ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y la Administración Pública Federal”.
Explicó que en el artículo 20 se habla de la integración del Consejo de Coordinación del Sector Energético, queremos que se incluya al menos a cuatro actores institucionales relevantes que permitan darle sentido a la integración del Consejo y cumpla con su función de crear una verdadera política integral y sustentable.
Por otro lado, el artículo 33 de la citada iniciativa plantea el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, lo que implicará la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada.
Dijo que “es indispensable que además de respetar los derechos humanos se excluyan las Áreas Naturales Protegidas de la actividad del sector de hidrocarburos. Tal como está redactada ahora la ley se expropiaciones a comunidades y ejidos así como la exploración y extracción de hidrocarburos en las ANP, un problema que de no resolverse desde su diseño habrá mayores conflictos, que llegarían al ámbito judicial”, aseveró el activista de la organización internacional.
Actualmente existen 176 Áreas naturales Protegidas que representan el 12.93% del territorio nacional, lo que equivale a 25 millones 394 mil 779 hectáreas de la superficie del país (3), mismas que estarían vulnerables a las actividades de extracción de petróleo o gas (incluido el fracking).
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