Con relación a la nueva multa que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso el jueves pasado al proyecto comercial Dragon Mart en materia forestal por 2 millones 758 mil 890 pesos -así como las medidas de remediación y restauración ordenadas de manera adicional por 11 millones 888 mil 951 pesos- el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), solicita a esta dependencia el que interponga la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Como reconoce la Profepa en el boletín dado a conocer el viernes pasado, la citada sanción administrativa corresponde por los daños ocasionados a los ecosistemas de Selva Baja Espinosa/Vegetación Hidrófila y Selva Baja Subcaducifolia, ya que dicho proyecto no cuenta con la autorización federal en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales.
De acuerdo con la legislación vigente, llevar a cabo el cambio de uso forestal sin contar con la autorización correspondiente constituye un delito contra el ambiente, por lo que la Profepa está obligada a interponer a la brevedad una denuncia penal en contra de quien resulte responsable, ya que, de no hacerlo, la propia Profepa caería en omisión.
En comunicado de prensa, Gustavo Alanís Ortega, director general del CEMDA, señaló que «es muy positivo que la autoridad actúe como atinadamente lo está haciendo la Profepa a nivel de sus oficinas centrales y que sancione de forma oportuna las faltas administrativas; ello permite fortalecer el estado de derecho en materia ambiental y garantizar la protección de nuestros recursos naturales».
La Profepa señaló en su comunicado que la remoción de vegetación para la realización de cambio de uso forestal sin autorización afecta o deteriora los ecosistemas forestales de manera directa y desencadena una serie de efectos negativos tales como la disminución de la infiltración de agua; la pérdida de suelo por erosión hídrica; la mengua en la tasa de captura de carbono; y diversos contaminantes, la alteración del hábitat de la fauna, pérdida de biodiversidad, reducción en la función de amortiguamiento ante fenómenos como los huracanes, entre otras cosas.
«Afectaciones como las señaladas por la Profepa constituyen serias amenazas contra los ecosistemas y ponen en riesgo nuestra calidad de vida. De ahí la importancia de que la autoridad ambiental se mantenga atenta a que todos los proyectos de desarrollo cumplan con la legislación ambiental», concluyó.
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