Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se reunieron con representantes de la organización ambientalista Greenpeace, quienes entregaron en mano a los servidores públicos las propuestas de iniciativas de reformas a las leyes generales de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Desarrollo Forestal Sustentable, para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de Vida Silvestre y de Cambio Climático elaboradas por la organización, acompañadas cada una de la argumentación jurídica que las sustenta.
El encuentro fue encabezado por Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Semarnat, es el resultado de la más reciente protesta de Greenpeace en la que clausuró simbólicamente la residencia oficial de Los Pinos, en protesta por los reglamentos para el sector energético y ambiental recientemente decretados por Peña Nieto y por la falta de una política ambiental que realmente proteja los ecosistemas y los recursos naturales.
Al respecto, Alberto Rojas, vocero de la organización, dijo que “a raíz de esta manifestación en la que también denunciamos que habíamos entregado esta serie de propuestas al Ejecutivo en dos ocasiones, el 8 y 29 de octubre respectivamente y que se había solicitado audiencia con el primer mandatario, el área de Atención Ciudadana de Presidencia con la que nos reunimos previamente, envió el caso a Semarnat con el compromiso de que no sería una reunión más ni un encuentro con el fin de disuadirnos de la protesta civil pacífica que realizamos, sino que era el primer paso de un diálogo constructivo para encontrar coincidencias en las propuestas a favor del ambiente. Confiamos en que así sea”.
Durante la reunión, se confirmó que pese a que se había anunciado que los decretos emitidos por Peña Nieto el 31 de octubre concluían las reformas y el andamiaje legal necesario para hacer operativa la Reforma Energética, el Ejecutivo Federal sí presentará un “paquete verde”, es decir, un grupo de iniciativas de reformas legislativas a diversos ordenamientos ambientales vinculados al sector energético.
Señaló que “Greenpeace no pretende imponer sus propuestas, las pone sobre esta mesa para que sean analizadas y en su caso, tomadas en consideración al momento de la elaboración del “paquete verde” que presentará el ejecutivo al Congreso de la Unión. Sería una verdadera apertura al diálogo constructivo entre la sociedad civil y la Administración Pública Federal, que la dependencia responsable de la política ambiental del país las revise, las conozca y las considere, ya que buscan coadyuvar a elevar el nivel de protección que hoy se tiene en la legislación ambiental”.
Finalmente concluyó que “no somos los integrantes de la sociedad civil los responsables de determinar técnicamente los impactos de sus reformas, las autoridades deben garantizarnos que éstas no serán un retroceso en materia de legislación ambiental.
Nosotros tenemos los argumentos jurídicos y de derechos humanos para demandar que se analicen nuestras propuestas de reforma legal que tienen un único fin: garantizar el desarrollo integral y sustentable del país, consagrado en la Constitución Mexicana y estamos ejerciendo nuestro derecho a expresar nuestras propuestas”. El acuerdo final de la reunión fue que entre el 1 y 3 de diciembre la dependencia federal responderá puntualmente a cada una de las iniciativas de Greenpeace.
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