La organización ambientalista Greenpeace, dio a conocer el fracaso total de diálogo sobre protección ambiental con la Federación, ya que el 3 de diciembre venció el plazo establecido por la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para dar una respuesta puntual a una serie de propuestas presentadas por esta organización referentes a modificaciones a seis leyes para fortalecer jurídicamente la protección de los ecosistemas y los derechos humanos de quienes los habitan.
El objetivo era que los cambios propuestos por la ONG fueran consideradas para la integración del “Paquete Verde” que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión como parte de la Reforma Energética. El tiempo se agotó y Semarnat, como ha sido en estos dos años de inacción en su labor de cuidado ambiental, no cumplió su palabra en escuchar propuestas de protección medioambiental.
En comunicado de prensa, se detalló que el mismo día 3, en relación a escuchar y atender estas propuestas, la dependencia federal contestó con una negativa en la incorporación de las propuestas presentadas por la organización ambientalista, habiendo analizado sólo una de las seis iniciativas de ley entregadas, dejando en claro la indiferencia de la SEMARNAT por escuchar y hacer partícipe a la sociedad de la construcción de políticas públicas.
La dependencia gubernamental argumenta que Greenpeace “…haría llegar un documento técnico que sustentara las propuestas, mismo que a la fecha no se ha recibido”, siendo que el mismo día 21 se le entregó al Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Rodolfo Lacy, y su equipo, un documento escrito que contenía las argumentaciones de tipo jurídico que soportaban cada una de las propuestas y que el día 24 de noviembre se le reenvió el mismo documento por vía electrónica.
Cabe destacar que la mayoría de estas propuestas son relativas a la protección de los derechos humanos y a la incorporación en la Ley de principios como el Precautorio, mismos que ya se encuentran referidos y ratificados en Tratados Internacionales signados por nuestro país y que diversos especialistas indican se estarán incumpliendo en base a la presencia de empresas petroleras en próximos años.
Alberto Rojas, enlace legislativo de Greenpeace México, dijo que “los argumentos jurídicos y en materia de derechos humanos presentados por esta organización son claros, y también es claro porque a pesar de ello nuestras propuestas no son incorporadas: negar la inclusión de nuestras propuestas por parte de Semarnat sería admitir que la Federación no tiene interés alguno en velar por la protección del ambiente y la ciudadanía mexicana”.
De las seis leyes que se pidieron revisar Semarnat solo se respondió sobre una: la Ley General de Cambio Climático y de la cual, no aceptaron ninguna de las propuestas.
La primera sugerencia de modificación que rechazó la Semarnat, es la que se propone al artículo 22 fracción II, la cual busca la armonización de lo previsto en la Ley Orgánica de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante Agencia), con lo previsto en la Ley General de Cambio Climático en lo que respecta a que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) pueda brindar apoyo técnico y científico tanto a la Semarnat como a la Agencia, argumentando que la Agencia al ser un desconcentrado de la Secretaría, también es sujeta de manera indirecta de la asistencia técnica del INECC y que por tanto no se requiere mención específica.
Al respecto Greenpeace apunta que si bien la Ley General de Cambio Climático contempla a la Secretaría, no está de más que se aclare que ello incluye a la nueva Agencia, lo que da mayor certidumbre jurídica para la coordinación entre dependencias, situación que da claridad desde la ley, evitando “interpretaciones” que pudieran dificultar dicha coordinación interinstitucional.
La segunda negativa involucra en un solo párrafo el rechazo de las propuestas de reforma a los artículos 111, 112, 114 y 115 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), argumentando que la Agencia tiene como objeto el control de las emisiones contaminantes y no la regulación de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
“Greenpeace se sorprende de esta respuesta porque efectivamente la Agencia tiene competencia en materia de control de las emisiones contaminantes, siendo los principales Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, como el CO2 y el Metano, un tipo de contaminante a la atmósfera”, acotó Rojas.
No aclarar el tema de facultades desde la LGCC, podría derivarse en incumplimientos o amparos de las empresas o industrias del sector hidrocarburos por no querer informar sobre sus emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero a la Semarnat, pues ésta no tiene facultades de regulación y control ambiental sobre este sector.
Recalcó que “la Semarnat prefiere que se mantenga esta falta de claridad en la ley para favorecer ciertos intereses antes que dejar en claro que es la Agencia la responsable de obtener dicha información para incorporarla al Registro Nacional de Emisiones. En tanto esto no ocurra, existe el riesgo de evasión del cumplimiento de esta obligación ambiental por parte del sector hidrocarburos”.
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