Con base al Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 presentado por FAO, la organización no gubernamental Oxfam consideró que aún se carece de avances sustanciales en distintos países latinoamericanos en la lucha contra el hambre, lo que implica que al menos 2 millones de personas estén en riesgo de vivir en condiciones de inseguridad alimentaria tan sólo en Centroamérica.
Beatriz Olivera, coordinadora de campaña CRECE de Oxfam en América Latina, dijo que en Oxfam hacen un llamado a los gobiernos para que impulsen el reconocimiento del derecho a la alimentación y a la aprobación y cumplimiento de legislaciones nacionales que permitan garantizar una lucha efectiva contra el hambre.
Ello en base a que América Latina ha tenido avances en esta lucha y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); sin embargo, en algunos países estos temas aún no se tratan con la debida seriedad, a tal grado que no cuentan con la legislación que permita avanzar en temas de seguridad alimentaria.
Cabe mencionar que el año pasado Centroamérica fue azotada por una sequía en la que más de medio millón de familias (unos 2 millones de personas) se encontraron en situación de inseguridad alimentaria debido a las pérdidas en la agricultura y la ganadería.
El Corredor Seco es la región con los mayores niveles de inseguridad alimentaria precisamente por la dependencia en la dieta de miles de familias del jornalero agrícola y la producción de granos básicos -el primer pilar afectado por la roya del café y el segundo por la sequía. Una buena parte de las familias tuvo pérdidas de cultivos en 2012 y 2013.
Por su parte, Ana Iris Martínez, coordinadora de Campañas de Oxfam en El Salvador, declaró que “en países como El Salvador, la propuesta de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y la Reforma al artículo 69 de la Constitución que reconoce el derecho a la alimentación y al agua aún sigue pendiente debido a la oposición de una pequeña élite que interpone sus intereses económicos sobre la inmensa mayoría que no tiene asegurado estos derechos”.
En El Salvador no se ha cumplido con la meta de reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre para el año 2015; una de cada ocho personas no tiene alimentos en calidad ni cantidad suficientes; además, el 21% de niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica.
«Ante estas cifras, es urgente que el estado salvadoreño ratifique la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y la alimentación antes del 30 de abril, cuando finaliza su periodo la actual Asamblea Legislativa. De lo contrario, se perderían más de diez años de avance en esta materia”, agregó Martinez.
En Nicaragua, Rafael Enríquez, coordinador de campañas de Oxfam, señaló que pese a que el país cuenta con una Ley de seguridad alimentaria, Ley SAN (693) y una ley de acceso a tierra para mujeres rurales (717), este marco legal no se aplica y por tanto no genera ningún efecto en la lucha contra el hambre.
En los últimos 5 años el porcentaje de población afectada por el hambre en el país ha oscilado entre el 17 y 20 por ciento anual. Además, las mujeres rurales siguen teniendo accesos muy limitados a recursos clave, apenas el 19% tiene acceso a la tierra, un 30% al crédito y un 20% puede acceder a asistencia técnica.
En otros países como Perú, la ley de seguridad alimentaria fue archivada hace unos meses, faltando solo la aprobación presidencial, luego de varios años de discusiones legislativas y constantes luchas de las organizaciones agrarias del país.
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