Legislar para erradicar la corrupción e impunidad y dignificar el trabajo de los policías a través de políticas públicas, es vital para que el nuevo sistema de justicia penal dé los resultados que la sociedad reclama, expusieron en la Cámara de
Diputados representantes de organizaciones no gubernamentales.
En el “Foro Internacional de Seguridad Pública, por un modelo policial digno”, se expuso que la corrupción y la impunidad interfieren con el trabajo de las agrupaciones policiales.
María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, sostuvo que la base central de la trasformación del nuevo régimen son los policías, y que éste no va a funcionar, sino se tiene una nueva política pública para ellos.
En los municipios un policía no tiene un salario digno, puede ganar 4 mil pesos y dejar todo el día a su familia, sin poder darles buena educación, adecuada alimentación, y acceder a una vivienda digna. Pero, aun así, tiene que vigilar la seguridad de una comunidad.
La evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal es necesaria igual que la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, ya que de 43 mil que hay en el país, sólo cuatro se han involucrado.
En su oportunidad, Alejandro Martí, de México SOS, propuso generar modelos de supervisión y observatorios para fortalecer la participación ciudadana en el control de la corrupción y la impunidad. La idea es que los dos mil 400 municipios cuenten con una mesa de seguridad, integrada por gente interesada en la prosperidad y justicia, trabajando con los gobiernos y midiendo los avances.
Hay que dar poder a la ciudadanía para denunciar y en ese momento se convierte en un auditor externo, auténtico y gratuito, ya que el Informe de la Calidad de Ciudadanía 2014 indica que siete de 10 mexicanos creen que las leyes son poco o nada respetadas y seis no denunciaron un delito por considerar que no pasa nada y no confían en las instituciones.
María Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, A.C., señaló que en México no hay evaluación, ni indicadores ni regulación de lo que sucede en seguridad. A no ser con el tanteómetro o con las vivencias, no se tienen protocolos serios de evaluación ni indicadores para saber cómo funcionan los municipios.
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