Durante el Sexto Operativo Nacional sobre Residuos Peligrosos que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó el manejo irregular de 53 toneladas de estos desechos, entre los que se encuentran baterías usadas plomo-ácido, aceites y lubricantes gastados, residuos peligrosos biológico-infecciosos y aceites dieléctricos usados con posibilidades de contener Bifenilos Policlorados (BPCs).
Ante tal situación, abrió 10 procedimientos administrativos en los estados de Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos y Zacatecas; asimismo, una persona fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en Nuevo León.
En el Sexto Operativo Nacional sobre Residuos Peligrosos que se llevó a cabo los días 23 y 24 de julio, participaron 131 elementos de la Policía Federal; 66 policías estatales y 13 municipales; así como 87 elementos de la Autoridad Aduanera.
Además, 148 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 7 de la Secretaría Marina (SEMAR); también se contó con 9 funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y un total de 194 inspectores federales de la Profepa.
En total, se revisaron 21,600 toneladas de materiales, sustancias, residuos peligrosos y otras mercancías.
Para ello, la Profepa inspeccionó 8,455 toneladas de materiales y sustancias peligrosas, así como 3,255 toneladas de residuos peligrosos y 9,890 toneladas de otras mercancías.
También examinaron 4,693 unidades, de los cuales 3,439 fueron vehículos de carga en 94 puntos carreteros; y 1,254 contenedores en 23 aduanas del país.
Adicionalmente, la Procuraduría detectó en Zacatecas, el transporte irregular de hipoclorito de sodio en solución, considerado como sustancia peligrosa que en estado sólido es muy inestable. Debido a sus características es utilizado como desinfectante y blanqueador.
Esta sustancia era transportada sin la autorización que expide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo cual se turnó a la dependencia competente.
El objetivo general del operativo es inhibir el tráfico ilegal de desechos tóxicos y fomentar una cultura de cumplimiento de la legislación ambiental en el transporte de este tipo de residuos.
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