Neidy Cruz, directora general adjunta de Cooperación Internacional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), enfatizó que “no hay un Plan B porque no tenemos un Planeta B. “Este es el momento de enfrentar el reto del cambio climático, una meta que parece inalcanzable pero que puede lograrse a través de la cooperación triangular”, dijo.
Esto lo expreso en el V Seminario Regional de Euroclima, en donde se habló de la necesidad de focalizar el trabajo ambiental que debe contemplar a la población en condiciones de pobreza.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, destacó la importancia del tema del cambio climático tanto para los países de América Latina como para la Unión Europea.
Dijo que “nos encontramos en un momento crucial a menos de tres meses de la COP21 en Francia. Todas las miradas y esperanzas están puestas en París, donde tenemos el desafío y la última oportunidad para conseguir un nuevo acuerdo vinculante para desacelerar el calentamiento global. La COP21 tiene que ser exitosa”.
Cabe mencionar que a nivel regional, el programa Euroclima cuenta con un apoyo de la Unión Europea de 16.4 millones de euros entre los años 2010 y 2016 con el objetivo de buscar la integración de las estrategias y medidas de mitigación y de adaptación ante el cambio climático, en las políticas y planes públicos de desarrollo a niveles nacionales y subregionales en América Latina.
De esta forma, la Unión Europea busca fortalecer la cooperación entre los países América Latina, por lo que en el marco financiero 2014-2020 está definiendo un monto total de 300 millones de euros para todo el periodo.
Puntualizó que “la COP21 será un evento crucial para lograr el marco que permita trabajar en el futuro, especialmente para mitigar los daños a la población en pobreza, que sería la que más sufriría en aspectos económicos y calidad de vida. Nuestro esfuerzo debe dirigirse a ella”.
En comunicado de prensa se detalló que la cooperación regional de la UE con América Latina trabaja en los siguientes ámbitos:
— crecimiento económico integrador y sostenible, que aborde las deficiencias estructurales, la desigualdad económica profunda y la confianza excesiva en la extracción de recursos naturales;
— refuerzo de las capacidades de las instituciones estatales responsables de la seguridad y del respeto del Estado de Derecho, a fin de mejorar los derechos humanos y la igualdad de género, fomentar la confianza de los ciudadanos y reforzar el contrato social necesario para el éxito del desarrollo;
— mejoras en la gobernanza, la recaudación de impuestos y el gasto, a fin de luchar contra la desigualdad, incrementar la cohesión social y responder a la demanda social creciente de servicios públicos de calidad; y,
— conciliación de la sostenibilidad ambiental con el desarrollo constante en una región muy expuesta al cambio climático y a las catástrofes naturales.
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