Ante más de 500 asistentes, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) inauguró el Foro Internacional Mujeres en reclusión, llegislación y políticas públicas con perspectiva de género, una tarea pendiente, en donde señaló que gran parte de las mujeres privadas de su libertad tienen una historia de violencia de género detrás y que aún en reclusión, deben respetarse sus derechos humanos y las instituciones tenemos la obligación de garantizarlos.
Uno los objetivos de este Foro, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, es que a través de la mirada de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Academia, las Instancias Gubernamentales y el Poder Legislativo sean revisadas sus atribuciones y desarrollen acciones que permitan garantizar los derechos humanos de las mujeres en reclusión.
Cruz Sánchez destacó que la mayoría de estas mujeres han sufrido violencia en el ámbito familiar, escolar, comunitario, social e institucional; han sido abandonadas por su pareja, por muchos de sus familiares y por las instituciones, es decir, el sistema penitenciario se rige fundamentalmente por modelos masculinos. Las y los juzgadores actúan bajo una errónea conceptualización de cómo deben ser y comportarse las mujeres, lo que provoca prejuicios iniciales.
“Las y los juzgadores no fueron formados en el marco de los Derechos Humanos, les cuesta trabajo insertar en su actuar la perspectiva de género, ignoran las cadenas de acontecimientos y situaciones que las llevaron a prisión, y consideran los delitos, presuntamente cometidos, con una extraña seudo objetividad, lo que termina discriminando y perjudicando a estas mujeres”, abundó.
En el Inmujeres, insistimos en la prevención como la mejor medida para evitar la delincuencia femenina, por ello, consideramos de la mayor importancia disminuir la violencia en el ámbito familiar, elevar el nivel educativo de las mujeres, así como mejorar sus condiciones laborales y las oportunidades para acceder a un empleo en términos de igualdad con los hombres, señaló.
El organismo que presido, ha venido haciendo un trabajo conjunto con el Poder Judicial, “estamos capacitando en perspectiva de género a defensoras y defensores públicos, a jueces y juezas, policías y agentes del Ministerio Público; también a defensores de oficio, peritos, médicos legistas, personal de trabajo social y de custodia, porque consideramos fundamental su actuación en el acceso de las mujeres a la justicia, tanto de víctimas como de indiciadas”.
Son más de 13 mil 400 mujeres, es decir el cinco por ciento de la población penitenciaria, que necesitan y merecen de nuestra atención; de ellas, la mitad está en calidad de procesadas, encarceladas sin haber sido declaradas culpables, cuando tal vez podrían estar cumpliendo sanciones alternativas, pues más del 90%, no tienen antecedentes penales, informó.
Respecto a las condiciones carcelarias, reconoció que el hacinamiento, la corrupción, la nula o inadecuada atención médica y la falta de privacidad son el común denominador en la vida de las mujeres privadas de su libertad, y que se carece de políticas públicas para atender esa realidad.
La mayoría de las reclusas por delitos federales cometieron delitos contra la salud, 64 de cada 100 presas. Del total de reclusas por el fuero común y federal, 28 por ciento están por cometer delitos como robo y fraude y 22% por crímenes graves como secuestro y homicidio.
La Presidenta del Instituto anunció que el próximo año se elaborará un diagnóstico respecto a las circunstancias en que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres reclusas, tanto los que viven con ellas como los que están afuera, para diseñar políticas públicas que los atiendan de manera integral.
También, dijo que se encuentran trabajando en un proyecto de revisión de expedientes de mujeres indígenas privadas de su libertad con una visión de género e interculturalidad, para determinar si sus juicios cumplieron con el debido proceso y de ser posible excarcelarlas.
Cruz Sánchez se manifestó porque este foro contribuya de manera decidida a generar las sinergias y prefigurar los caminos que tenemos que emprender para mejorar sus circunstancias y convoco a los integrantes del Congreso de la Unión y a los congresos locales a revisar sus ordenamientos jurídicos para detectar preceptos discriminatorios o violatorios a los derechos de las mujeres.
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