La devastación del manglar Tajamar en Cancún evidencia nuevamente la visión cortoplacista del gobierno mexicano que celebra las inversiones privadas sin tomar en cuenta que las ganancias son nulas, en comparación con lo que se gasta cada año por la pérdida de recursos naturales, haciendo al país más vulnerable ante los impactos relacionados con el cambio climático, señaló Greenpeace.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2014 el costo económico por daños ambientales fue de 910 mil 906 millones de pesos, de los cuales el 83.5% corresponden a la degradación ambiental y el 16.5% al agotamiento de recursos naturales. Esa cantidad representa 446.5 veces más que el total de la venta de los terrenos del manglar Tajamar por los cuales el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibió solo dos mil 40 millones de pesos.
“Se trata de aritmética básica. El gobierno mexicano gasta más en prevenir o remediar la degradación ambiental que las supuestas ganancias que obtiene de la comercialización de terrenos y que al final, representan pérdidas para el país y sólo un beneficio económico para los desarrolladores y las inmobiliarias”, dijo Miguel Rivas, campañista de Océanos de la organización ambientalista.
Estudios reconocidos por la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad (Conabio) señalan que el valor de los servicios proveniente de los manglares es millonario. Se estima que los manglares producen alrededor de 37 mil 500 dólares por hectárea cada año para las pesquerías; 6 mil 700 dólares por servicios sanitarios -aunque en México esa cifra llegaría hasta 200 mil dólares en algunas ciudades del país-; mientras que la protección que ofrecen a las costas de las tormentas, ciclones y tsunamis se contabiliza en alrededor de tres mil dólares por hectárea.
“La devastación de 57 hectáreas del manglar Tajamar se cometió bajo el amparo de un marco legal obsoleto que solo incrementó la vulnerabilidad de las costas de Cancún ante los impactos de un fenómeno meteorológico extremo, a los cuales también están expuestos los desarrolladores e inmobiliarias”, sentencio Rivas.
“La destrucción ambiental es un mal negocio; es ridículo que Fonatur pretenda justificar el ecocidio en Tajamar hablando de las supuestas ventajas económicas que tendrá el desarrollo inmobiliario y pase por alto los costos por externalidades que trae consigo la degradación ambiental. Tal parece que las autoridades desconocen el valor que tiene este ecosistema”, añadió el activista.
Greenpeace se suma a las miles de personas que exigen la detención definitiva de las obras en la zona y la restauración del manglar como parte de una verdadera política pública dirigida a la conservación de los ecosistemas como tanto lo ha presumido la actual administración a nivel global.
Desde hace una década, la organización internacional ambientalista ha denunciado la tendencia sistemática de los gobiernos para fomentar un modelo de turismo depredador, mediante la venta de terrenos públicos a precios risibles o por debajo de su valor real, lo cual favorece exclusivamente a intereses privados, en tanto que impacta gravemente al medio ambiente y eleva los costos sociales, consecuencias que no son absorbidas por los proyectos sino trasladadas a los contribuyentes.
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que encabeza Guillermo Haro Bélchez verificará si Fonatur no cumplió con condiciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El Procurador realizó una inspección para verificar la existencia de impactos adversos a la vida silvestre, no autorizados por la Semarnat al proyecto Malecón Tajamar Cancún.
Las acciones revisarán también el cumplimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental así como en materia de Impacto Ambiental y Forestal; y determinar si la remoción de vegetación se llevó a cabo cumpliendo con términos y condiciones del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
De encontrar afectaciones o violaciones a la mencionada Ley ordenarán a la reparación y compensación correspondiente.
Aunque resaltó la dependencia que tras la presentación de una serie de denuncias ciudadanas y de organizaciones ambientalistas en Quintana Roo, realizó en agosto del año pasado, 11 visitas de inspección – 10 en materia de cambio de uso de suelo y una en materia de impacto ambiental- a 10 de los 48 lotes que integran el proyecto.
Asimismo, atiende a desde el pasado 11 de enero del presente año un total de 108 denuncias populares presentadas tras el desmonte de vegetación forestal, mismas a las que se da respuesta en términos de ley.
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