Aunque a nivel nacional están aprobadas las reformas para favorecer la vinculación Academia-Empresa en todo México, la realidad indica que nada de ello se cumple y se estima que investigadores de universidades y centros de investigación de 28 estados (en el país se tienen 32), no tienen ningún tipo de vínculo con las empresas, lo cual frena todo tipo de investigación en ciencia y tecnología para su aplicación en la vida productiva.
Los investigadores de universidades públicas de 28 estados de la República Mexicana siguen sin poder asociarse con el sector productivo, ya que si lo hacen estarían quebrantando la ley y caerían en un conflicto de intereses, debido a que los científicos del sector público no pueden gozar de los beneficios de vincularse con empresarios en la mayor parte de las entidades federativas del país.
Hasta el momento, las únicas que lo pueden hacer son Michoacán, Tamaulipas y la Ciudad de México porque ya lo incluyeron dentro de su ley, comentó Leticia Vázquez Marrufo, coordinadora de Enlace Legislativo y Estatal del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Aunque a nivel federal están aprobadas las reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, falta que se haga un esfuerzo porque estas políticas públicas se apliquen a nivel estatal, donde también se concentra una parte importante de la masa crítica de científicos del país, explicó el asesor jurídico del Foro Consultivo, Francisco Mora Gallegos.
indicó que “quiénes hasta el momento ya no tienen conflicto de intereses son investigadores de los Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Tecnológico Nacional de México, entre otros. Sin embargo, científicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León o de la Universidad Autónoma de Yucatán, por ejemplo, aún no se ven favorecidos con las reformas a la ley”.
Las modificaciones a nivel federal del artículo 40 bis y el 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, implican que las instituciones de educación, los Centros Públicos de Investigación (CPI) y las entidades de la administración pública que hagan actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, promoverán conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación.
Mientras que la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, contribuye a que estos servidores de las instituciones de educación, los CPI y las entidades de la Administración Pública Federal que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, puedan realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios económicos.
Dichas actividades serán, además de las previstas en el citado artículo, la participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda.
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