Ante los procesos de crecimiento urbano registrados en México en los últimos 20 años, ha sido cuestionada, con toda lógica y necesidad, la vigencia de la Ley General de Asentamientos Humanos para solventar una política de suelo y vivienda, que promueva ciudades sustentables, ordenadas y seguras, señaló Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Dijo que en materia de asentamientos humanos, crecimiento no es necesariamente sinónimo de desarrollo y abundó en que diversos sectores han señalado la urgencia de contar con instrumentos de regulación adecuados; definir corresponsabilidades entre los distintos niveles de gobierno; reconocer la escala regional, y garantizar que los planes y programas de desarrollo urbano se apliquen de manera responsable y transparente, entre otras apreciaciones.
Expresó que “como sociedad tenemos la responsabilidad de aportar visiones plurales, integrales e integradoras de los problemas urbano-regionales y, en ese proceso, la academia se suma como actor relevante en la discusión de las necesidades de México”.
A su vez, Priscilla Connolly Dietrichsen, Profesora Distinguida de la UAM, señaló que la Ley General de Asentamientos Humanos de mayo de 1976 permitió al gobierno federal “intentar poner orden” a una acelerada urbanización y a la excesiva concentración económica y demográfica en la Ciudad de México.
Sostuvo que se reconoció el carácter no controlado del crecimiento y las profundas desigualdades regionales como causantes de la migración y la concentración en las ciudades, pero el debate no incluyó la injusticia.
La investigadora recordó que en la década de 1970 el Estado tenía capacidad de intervención en la economía nacional, al controlar los sectores básicos, y en la política, al influir en el desarrollo general de la nación.
“De hecho el poder de algunos organismos públicos, entre ellos Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, a través de sus inversiones podían determinar la planeación del desarrollo regional, pero sin coordinación con el gobierno federal, los estados y los municipios”.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que la Ley General de Asentamientos Humanos es reconocida como el instrumento más importante del siglo XX para la institucionalización de las políticas públicas en materia de desarrollo urbano.
La promulgación de esa Ley implicó retos de confrontación con diversos intereses de sectores económicos privados que la calificaron de iniciativa socialista que atentaba contra la propiedad privada, pues pretendía establecer las mismas normas de planes quinquenales de la desaparecida Unión Soviética o Cuba.
“En ella se centra la verdadera contradicción y conflicto que hemos tenido en materia de planeación y desarrollo urbano; ordenamiento territorial, y cuidado del desarrollo sustentable y el medio ambiente”.
En la actualidad se sabe que en nuestro país se han alcanzado niveles de urbanización equiparables a los de los países desarrollados, al tener 71 por ciento, en 2010, viviendo en ciudades, con una población urbana total de 79 millones, distribuidos en 421 ciudades.
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