Se estima que en Méxicó sólo 30 por ciento de la madera que se comercializa es legal, en parte derivado de que existe una política vigente que impone obstáculos a las comunidades para manejar y aprovechar legal y sustentablemente sus bosques.
Al respecto, Gustavo Sánchez Valle, Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), dio a conocer, con fundamento en datos de la Secretaría de Medio Ambiente federal (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que hasta el 70 por ciento de la madera que se comercializa en México es de origen ilegal, lo cual representa un volumen de 15 millones de metros cúbicos del recurso y tiene graves implicaciones para la conservación y el manejo sustentable de los bosques mexicanos.
Expuso que es necesario impulsar una estrategia integral para fortalecer la legalidad en el mercado de la madera y los recursos forestales en México y presentó la propuesta que han elaborado las organizaciones comunitarias que forman parte del Consejo Nacional Forestal (CONAF).
Sánchez Valle precisó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acaba de emitir un comunicado, en donde expresa su preocupación por el agotamiento de los recursos naturales a causa de la tala ilegal y el aprovechamiento ilícito e irracional de la biodiversidad, lo cual, dijo, es una evidencia del alarmante nivel de ilegalidad al que estamos llegando en México.
Comentó que la política vigente de SEMARNAT y PROFEPA en la materia se limita a perseguir la ilegalidad en el monte, con muy poco éxito, y deja sin inspección y vigilancia los eslabones siguientes de la cadena productiva de la madera, permitiendo la transportación, transformación y comercialización de madera de origen ilícito. Con la esta estrategia los decomisos de madera son prácticamente simbólicos dejando operar a toda una cadena de «lavado» de madera ilegal.
En materia de inspección y vigilancia «no ha funcionado mucho estar deteniendo gente en el monte por talar árboles y realizar pocos decomisos de madera ilegítima; se requiere certificar la legal procedencia de toda la cadena de valor de recursos forestales,», además de otras medidas de agilización de trámites y fomento de la producción y manejo legales, subrayó el presidente de la Red MOCAF.
Por otra parte, destacó que es necesario agilizar programas de uso y manejo sustentable de los bosques por parte de SEMARNAT, en vez de criminalizar a las comunidades indígenas por aprovechar sus recursos territoriales forestales.
Por su parte, Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) propuso trabajar en mecanismos para que el gobierno a tráves de SEMARNAT y PROFEPA se comprometa a comprar y solicitar a sus proveedores la adquisición de madera de origen legal, preferentemente certificada.
Además, refirió que se requiere una mayor inversión en fomento de desarrollo de proyectos de aprovechamiento forestal sustentable y reducir los esquemas de conservación pasiva en favor del manejo activo de los recursos naturales.
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