La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), realizará nuevas inmersiones en la zona afectada del Área Natural Protegida (ANP), Parque Nacional “Arrecife Alacranes”, en el estado de Yucatán, para cuantificar los daños que se pudieron ocasionar por el encallamiento de la embarcación tipo remolcador “Palo de Tinte”.
Se dio a conocer que la PROFEPA recibió la notificación de los responsables de la embarcación encallada desde el pasado mes de abril, sobre la conclusión de las acciones de salvataje de la misma, la cual fue reflotada el pasado 29 de julio de 2016.
Apenas la semana pasada, la empresa dueña de la embarcación solicitó una prórroga para el retiro de la nave a la PROFEPA, la cual fue autorizada para concluir con el rescate de la misma.
Por lo anterior, inspectores de la PROFEPA verificarán el reporte sobre el retiro de la embarcación y realizarán nuevas inmersiones en la zona del encallamiento del ANP Parque Nacional “Arrecife Alacranes”, para determinar y cuantificar los daños ocasionados al arrecife, una vez que la embarcación ha sido retirada.
Dicha embarcación presuntamente habría afectado más de mil metros cuadrados de arrecife coralino por lo que la PROFEPA interpuso dos denuncias ante la Procuraduría Federal de la República (PGR) por el daño ambiental, al tiempo que ordenó el retiro de la nave, aunque fue hasta ahora que se rescató debido a las complicaciones de la zona y para lo que fue necesario la aplicación de una técnica sofisticada de reflote.
Cabe recordar que la zona en la que encalló la embarcación, se trata de la cresta de la estructura arrecifal del sitio conocido como “El Sandwich”, al noreste de Isla Pérez, zona que cuenta con una formación rocosa y con una riqueza en hidrocorales (coral de fuego) de la especie (Millepora complanata), y corales gorgonáceos, (corales blandos).
Las afectaciones a la biodiversidad constituyen un delito grave cuando se trata de un ANP, como lo es el Parque Nacional Arrecife Alacranes, que concentra la estructura coralina más grande del Golfo de México, por lo que el daño ocurrido se podría sancionar con penas de 2 a 12 años de prisión de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre.
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