La afirmación del procurador de Justicia mexiquense, Alberto Bazbaz, sobre el uso del AK-47 con número de serie S1 8802703 para segar la vida del alcalde de Ixtapan de la Sal, Salvador Vergara Cruz, es prueba de que los 14 detenidos son, en efecto, responsables del alevoso homicidio.
A no pocos observadores les parece sospechoso que en cuestión de horas hubiesen sido detenidos los presuntos homicidas, merced a los operativos, sobrevuelos y testimonios de vecinos en la población de donde era originario el victimado.
Sin embargo, Bazbaz aseguró que las balas asesinas provinieron de dicha arma, según el rayado de la misma y comparado con el de los proyectiles. Debe ser cierto porque con los peritajes criminológicos no se juega.
De acuerdo a la información de Bazbaz, el presidente municipal de 33 años de edad y padre de dos niñas fue amenazado por traficantes de drogas tras negarse a cooperar con ellos y porque implementaba retenes y operativos en Ixtapan.
Efectivamente, Vergara comentó en dos ocasiones las advertencias que recibió del narcotráfico, luego de rechazar todo trato con la mafia que, en meses recientes, arribó a municipios del Estado de México.
El procurador de Justicia mexiquense no negó ni confirmó si los homicidas pertenecen a “La Familia”, de la cual se ha dicho que fue integrada en Michoacán y ahora extiende sus redes a Guanajuato, Querétaro y la entidad mexiquense, en particular la zona conurbada con el Distrito Federal.
Versiones de autoridades federales indican que integrantes de “La Familia” no se concretan a la venta de drogas, pues sus miembros también secuestran a gente de mediano o elevado nivel económico o practican los secuestros “express” mediante llamadas hechas a través de celulares.
Propietarios de antros de juego –los “Calientes” entre otros– de restaurantes y centros nocturnos denuncian extorsiones a quienes presumen de ser “zetas” o pertenecer a algún “cártel”, sin poderse corroborar que lo sean. Ni los propietarios de tierras de cultivo, los aguacateros en particular, escapan de los pagos de cuotas.
Quienes no se someten a los designios del hampa, así se trate de funcionarios de alto nivel o gobernadores, reciben constantes amenazas de muerte, incluidas sus familias.
Los delincuentes enfocan las amenazas a alcaldes, en primer término. Se les advierte que no deben realizar operativos ni retenes y quienes se resisten a hacerlo pueden correr la misma suerte del extinto edil de Ixtapan de la Sal.
Según cálculos de funcionarios de la PGR, por lo menos, 500 presidentes municipales se vieron obligados a someterse al narcotráfico. Y dos se fueron del país. Seguramente tiene esa información el Presidente Felipe Calderón, quien insiste que “todos” cooperemos en la guerra contra el narcotráfico, declarada por él.
En este escenario es intensificada otra guerra, la de “narcomantas”. El lunes pasado aparecieron en siete estados y se las atribuye el cártel del Golfo. Fueron dirigidas contra “La Familia”, acusándola del atentado de Morelia con saldo de ocho muertos. En particular es atacado Nazario Moreno González, a quien acusan de fundamentalista y de imponer prácticas del Islam.
Y las matanzas dejan de ser noticia: 17 ejecuciones el mismo lunes en cuatro estados de la república. Es el nuevo rumbo de la nación, ahora bajo el poder de la delincuencia organizada y no organizada. r
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