México, constitucionalmente hablando, es un Estado dedicado a la protección de los derechos humanos. En este sentido, desde el punto de vista estrictamente ambiental, la eliminación de subsidios a la gasolina es una política pública benéfica ya que garantiza el derecho al medio ambiente a través de desincentivar el consumo y, por lo tanto, reduce las emisiones contaminantes al medio ambiente.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por cada peso del subsidio a la gasolina que recibe un individuo perteneciente al 10% de la población con menores ingresos, una persona en el 10% más rico se lleva 32 pesos. Este segmento es justamente el que tiene mayor posibilidad de adquirir y utilizar intensivamente automóviles y camionetas.
Si bien existen diversas fuentes contaminantes a la atmósfera, en México el transporte juega un rol fundamental en esta problemática. Basta recordar el primer trimestre del 2016 cuando la Ciudad de México enfrentó un largo periodo de mala calidad del aire, situación que ya se repitió apenas llegado enero del 2017. En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se superaron los primeros días de este año, los 100 puntos en el índice de PM10 (partículas menores a 10 micras) y los 153 puntos en el Índice de Calidad del Aire en Ecatepec, lo cual obligó a la autoridad a activar la fase 1 de Contingencia Ambiental.
Cabe recordar que en materia de combate al cambio climático, México ha suscrito una serie de compromisos a nivel internacional y nacional para reducir sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y carbono negro, cuya principal fuente de emisión es la quema de combustibles fósiles, como las gasolinas y el Diésel.
En comunicado de prensa, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que una de las acciones más relevantes que México debe tomar si quiere cumplir con dichos compromisos de reducción es la sustitución de fuentes fósiles por energías renovables y el impulso a una estrategia de movilidad urbana sustentable, por medio del desarrollo de un modelo de transporte limpio, seguro y eficiente, y la movilidad no motorizada.
En términos generales, relata el documento, la eliminación de subsidios a la gasolina es una medida que garantiza los derechos humanos al medio ambiente y a la salud de la población, puesto que tiende a desincentivar el uso del automóvil y motiva a los consumidores a adquirir autos más eficientes, como eléctricos, híbridos y vehículos compactos de bajo consumo de gasolina, al tiempo que promueve el uso y mejoramiento del transporte público y la bicicleta.
No obstante, en un país como México, donde más de la mitad de la población se encuentra en alguna condición de pobreza, no es posible reducir el tema del alza de las gasolinas al beneficio ambiental. El incremento de precios a los combustibles trae consigo fuertes impactos en lo económico y social. De ahí que hubiera sido pertinente actuar con sensibilidad social, así como diseñar e implementar las políticas públicas que, con la antelación debida, dieran los pasos necesarios para prever y minimizar los impactos sociales de la medida tomada.
Para que la eliminación del subsidio a la gasolina pueda redituar en beneficios ambientales y sociales reales, debe estar orientado a crear ciudades sustentables y bajas en carbono, donde la gente pueda reducir sustancialmente el uso de su automóvil y de esa forma, no se vea tan afectada por el incremento de la gasolina. También se deben destinar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) dirigidos principalmente a impulsar el transporte público limpio, seguro y eficiente, así como a la promoción de la movilidad no motorizada, en lugar de destinarlos hacia la construcción de más carreteras e infraestructura para los automóviles privados.
Es necesario asegurar que el alza de los precios de los combustibles no afecte a los sectores de menores ingresos y se generen alternativas viables para que los servicios que dependen altamente del uso de los mismos, puedan transitar a un modelo bajo en carbono. Es indispensable también que los ingresos provenientes del consumo de gasolina se dirijan, de forma eficaz, estratégica y transparente, a impulsar el desarrollo de alternativas energéticas, es decir, a reducir la dependencia de la economía nacional a los combustibles fósiles y apostar por una transición energética que impulse el desarrollo nacional desde una perspectiva sustentable para todas las actividades económicas que actualmente dependen de los combustibles fósiles, como el transporte y la generación de electricidad.
Otras medidas incluyen otorgar incentivos fiscales y préstamos blandos para la adquisición de vehículos de bajo consumo de combustible, así como alinear bajo una misma visión, a las dependencias responsables de los temas de desarrollo urbano, transporte y medio ambiente, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de ir desarrollando un modelo de ciudades compactas y una estrategia de movilidad urbana sustentable que privilegie al transporte colectivo y no motorizado.
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