Los senadores de la LXI Legislatura recibieron para sus efectos constitucionales, el dictamen que expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, para que ningún refugiado o solicitante pueda ser rechazado o devuelto a otro país en donde su vida peligre o existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser torturado o sujeto a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Con una votación en pro cercana a los 300 diputados, el dictamen establece como principios y criterios para la aplicación de la ley, la no devolución, no discriminación, interés superior el niño, unidad familiar, la no sanción por ingreso irregular y la confidencialidad.
Añade que no se le impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria, misma que se le podrá retirar cuando se acredite que ocultó o falseó la información proporcionada o desaparezcan las circunstancias que motivaron el otorgamiento de la protección.
En el transcurso del posicionamiento y aprobación, Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, al fundamentar el dictamen consideró impostergable otorgar un marco jurídico especializado con los estándares de protección más favorables y conforme a lo establecido en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.
Con la adecuación, se coloca a nuestro país entre las naciones más vanguardistas a lo que el derecho internacional de los refugiados se refiere, ya que la reforma gira en cinco ejes: no discriminación, no devolución, ni sanción por ingreso irregular, así como por el interés superior del niño, unidad familiar y la confidencialidad.
Otras coincidencias giraron en torno al apego de los contenidos con los convenios y tratados internacionales suscritos por México en la materia que garantizan respeto pleno a los derechos humanos y dignidad de los refugiados o personas protegidas, al incorporarse medidas para que no sean objeto de discriminación.
El marco jurídico aprobado, está acorde con los acuerdos internacionales, toda vez que son necesarios mecanismos que consoliden la protección y respeto a los derechos humanos de los extranjeros, evitando que sean objeto de explotación y otras formas de maltrato, e incluso la deportación.
Los legisladores puntualizaron que en los últimos años México se ha convertido en el hogar de extranjeros de más de 30 países con una población actual de mil 400, quienes abandonaron su nación por diversos motivos y las reformas permitirán que el país cuente con una ley específica en la materia para atender la problemática de los refugiados y de los que requieren protección complementaria.
La Ley responde a la tradición que como país se ha tenido con los refugiados, constituye un paso adelante en la modernización del orden legal, ya que se requiere de un marco jurídico especializado que garantice una protección más favorable de los derechos humanos mediante la no discriminación o devolución de quienes solicitan la condición de refugiados, y constituye un avance en materia de garantías individuales.
Finalmente, se puede asegurar que la Ley es un paso adelante en el orden jurídico del país porque amplía la protección a otra capa de refugiados que tengan violaciones a sus derechos humanos, cualquiera que éstos sean; además, ayudará a resolver el problema de la migración.
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