Ante los desastres naturales que vive México es necesario redoblar esfuerzos, ya que el calentamiento global está causando graves alteraciones climatológicas, como huracanes, tormentas tropicales y lluvias con mayor poder destructivo, resultado del daño que la humanidad ha hecho al Planeta. Lamentablemente este tipo de fenómenos son más frecuentes.
Lo anterior lo manifestó el Presidente Felipe Calderón, al presentar el Programa de Prevención y Atención a Desastres Naturales, el cual permitirá responder a las demandas de las familias que sufren afectaciones por esos fenómenos relacionados con la Naturaleza en el territorio nacional.
Indicó que el principal giro que se está dando a esta política pública de protección civil es la determinación de avanzar hacia el manejo profesional de los riesgos y daños, así como los gastos de adaptación que México tiene que enfrentar en el futuro.
Enfatizó que este programa, que se sustenta en cuatro acciones de alto impacto, prevé una bolsa de recursos fiscales y financieros hasta por 50 mil millones de pesos.
La primera es el fortalecimiento presupuestal y administración de los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden); la segunda, crear un fondo para la reconstrucción de los desastres naturales en las entidades federativas; la tercera, contratar un seguro contra desastres naturales de alta severidad, para potenciar los recursos del Fonden y la última, es la instrumentación de un seguro para proteger la red federal en eventos catastróficos.
Adicionalmente a los más de 10 mil millones de pesos aportados durante 2010, en 2011 se van agregar otros 10 mil millones. Estos recursos serán liberados con criterios más flexibles, pues se modifican las reglas de operación de dicho Fondo a fin de que el dinero fluya con oportunidad y eficacia, para que las autoridades tengan acceso inmediato a recursos líquidos, que permitan hacer frente a la coyuntura.
Por último, el Ejecutivo Federal anunció la instalación del Comité Estatal de Evaluación de Daños, en un plazo no mayor a una semana, y se establece un plazo no mayor a 24 horas para autorizar los apoyos inmediatos para atender la emergencia.
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