Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos exigieron al gobierno de la Ciudad de México (CDMX) echar atrás el contrato de la planta de termovalorización de la basura (incineración) en el Bordo Poniente debido a que empeorará la calidad del aire en la Zona Metropolitana poniendo en riesgo el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de sus habitantes.
En conferencia de prensa, señalaron que no permitirán que la actual administración –próxima a salir- deje un gravísimo problema ambiental y para la salud humana de la población de la zona metropolitana, así como a las siguientes administraciónes, las cuales deberán lidiar con la empresa asignada para este proyecto, “Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V./Veolia”, misma que ha enfrentado demandas ante tribunales internacionales y nacionales por incumplimiento en sus contratos como en el caso de Egipto, Lituania, Marruecos, entre otros y Chiapas, donde organizaciones ambientalistas la han acusado de la contaminación de mantos freáticos por escurrimientos de lixiviados del basurero a su cargo. También han sido demandados por ocultar la contaminación del agua con plomo en Flint, Michigan.
Las organizaciones y personas firmantes de este comunicado señalaron que “sería irresponsable por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera firmar un contrato por 33 años sin dar a conocer los términos de éste y transparentar el tipo de tecnología que se utilizará, las especificaciones técnicas, financieras, protocolos de emisiones y monitoreo tal como se comprometió la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México (AGU) sin que hasta ahora lo haya cumplido”.
Gustavo Ampugnani, director Ejecutivo de Greenpeace México apuntó que “la Ciudad de México tuvo 6 años desde que se cerró el Bordo Poniente en 2011 para buscar alternativas para el buen manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) pero no lo hizo y hoy quieren imponer la incineración pese a ser una tecnología que genera contaminantes altamente tóxicos, cancerígenos y perturbadores endocrinos como los contaminantes orgánico persistentes (COPs) entre los que se encuentran las dioxinas y los furanos, metales pesados y otros, que empeorarían la calidad del aire en la zona metropolitana poniendo en riesgo la salud de las personas”.
Por su parte, Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes señaló que “es una obligación del gobierno de la ciudad informar a sus habitantes, que una de las tantas consecuencias de la incineración de basura es la reducción de la fecundidad y el aumento en la prevalencia de algunas enfermedades como endometriosis y ciertas clases de cáncer. La exposición del lactante y del feto a los perturbadores endocrinos puede afectar el desarrollo del aparato reproductivo, del sistema nervioso y de varios órganos”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la contaminación del aire como uno de los mayores riesgos ambientales para la salud de la población y en México existe información que asocia los altos índices de contaminación atmosférica que se vivieron en los últimos años con enfermedades respiratorias, principalmente.
“Actualmente, siete mil toneladas de residuos al día ya se envían a la empresa cementera CEMEX en Atotonilco de Tula, Hidalgo, y a Tepeaca, Puebla para su incineración, producto de un convenio entre la empresa y el gobierno, lo que está afectando severamente a las comunidades aledañas”, señaló Jorge Tadeo Vargas del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad.
“Entre los riesgos principales de instalar incineradores en la región que señala un documento de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), se encuentran cantidades variables de residuos destinados al incinerador, bajísimo valor calorífico, apoyo financiero deficiente, opciones tecnológicas inapropiadas y contextos institucionales inadecuados. A los impactos económicos por el costo de una planta de este tipo, debemos sumar los impactos sociales que se presentan por la pérdida de trabajo para los pepenadores hasta la privatización de los servicios de limpia, impactos en la salud ambiental y humana generados por las sustancias químicas tóxicas”, declaró Magdalena Donoso, Coordinadora de GAIA para América Latina.
Las organizaciones concluyeron que el proyecto además de poner en riesgo la salud ambiental y humana de las poblaciones cercanas a la planta y de la Zona Metropolitana, viola derechos constitucionales como el de vivir en un medioambiente sano, el derecho a la consulta previa e informada así como el de acceso a la información, incumpliendo también convenios internacionales como el de Estocolmo, por lo que el gobierno de la Ciudad de México debe cancelar el proyecto.
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