PEPE CAMARA
Legisladores y académicos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iberoamericana (UIA), del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y representantes del sector privado, coincidieron en la necesidad de identificar riesgos y oportunidades en el desarrollo de biocumbustibles en México, que permitan diseñar lineamientos para su sustentabilidad.
La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (PAN), convocante de la reunión celebrada en el campus Ciudad de México de la UIA, reconoció que se requiere redefinir las políticas públicas encaminadas a la producción de biocumbustibles.
El objetivo central consistió en un intercambio de perspectivas y propuestas desde la academia y el sector privado sobre el uso de los biocombustibles en el país, conocer su potencial en la reducción de gases de efecto invernadero, su importancia en la conservación de bosques y en la agricultura sustentable, así como analizar oportunidades y propuestas desde la investigación.
Rodríguez Aguirre y la coordinadora del Área de Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), de la UIA, Vanessa Pérez-Cirera, coincidieron en la necesidad de analizar de forma integral el tema de biocombustibles, ya que “toca el desarrollo rural, el impacto ambiental y el energético”.
Oliver López, investigador de EQUIDE, sustentó que existen costos sociales ocultos en su producción; del CIDE, Alejandra Elizondo, analizó el uso de tierras para la producción de biocumbustibles, y académicos de la UNAM expusieron el contexto actual en la producción, uso y perspectivas de los biocombustibles, así como la polémica en torno a su relación con la deforestación, degradación y pérdida de biodiversidad.
Entre los problemas expresados, destacó la necesaria redefinición de los objetivos de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a la luz de la nueva situación que presenta el país con la aprobación de la Reforma Energética y, consecuentemente, la redefinición de políticas públicas en la materia.
Asimismo, la necesidad de categorizar la producción de biocombustibles en un sector específico que genere información adecuada para evaluar los efectos sociales, económicos, y ambientales, en comparación con la energía eólica y fotovoltáica, y aprovechamiento del etanol como biocombustible.
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