El inaugurar el seminario “La trata de personas y la demanda como delito”, la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata, señaló que existen registros de turismo sexual en 21 estados de la república mexicana, lo cual lleva a considerar la necesidad de abordar el problema integralmente.
En su intervención, la diputada del Partido Acción Nacional, Rosi Orozco reconoció que las víctimas generalmente viven en condiciones de pobreza, desigualdad y marginación, antecedentes sociales de las mujeres que sufren trata de personas.
La legisladora admitió que aún hay mucho por hacer para lograr la erradicación de este problema, por lo que los integrantes de la Comisión seguirán trabajando, a fin de dotar de herramientas legislativas a los operadores de la ley y posicionar este tema en la agenda del gobierno federal y en el de las entidades federativas.
La inauguración contó con la participación de la secretaria de dicho órgano legislativo, diputada Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, quien afirmó que la ley de la oferta y la demanda está permitiendo que los cárteles logren fortunas estratosféricas mediante el comercio de seres humanos.
Destacó que según la Organización Mundial del Trabajo, 98 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas, y explicó que para erradicar este problemática Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia establecieron una nueva estrategia consistente en “criminalizar a quienes solicitan los servicios de prostitutas”.
En esos países, añadió la diputada Vázquez Camacho, las autoridades aseguran que desde que empezaron a multar y encarcelar a los clientes que contrataran los servicios sexuales, las redes de explotación han comenzado a retirarse.
De ahí que, sostuvo, es importante revisar qué se está haciendo en otras fronteras, pero también es necesario rescatar el valor del trabajo que se realiza en nuestro país; de manera específica el trabajo del Poder Legislativo.
María Elena López Loyo del Partido Revolucionario Institucional, precisó que la protección a las víctimas de explotación sexual y trata de personas debe ser una prioridad para el Congreso, donde debemos trabajar a fin de elaborar un marco legal que genere políticas y procedimientos eficaces para prevenir este delito.
Previamente, la embajadora de Suecia en México, Anna Lindstedt, advirtió que la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual son obstáculos severos para la igualdad social entre hombres y mujeres; además, estos actos se consideran violadores de derechos humanos y en mi país, es penalizado conseguir una relación sexual ocasional a cambio de remuneración, contemplándose una multa o hasta 6 meses de cárcel.
Ante los señalamientos anteriores, el diputado del PAN, Agustín Castilla Marroquín subrayó que se requieren políticas públicas para cambiar la visión de esta problemática. Impulsar reformas constitucionales sin olvidar otras modificaciones legales, como suscribir como delito el consumo de prostitución y seguir explorando las diferentes alternativas a partir de las experiencias en otros países.
Definitivamente, esta problemática se tiene que ver y combatir de manera especial por los legisladores, pero las autoridades federales, estatales y municipales, también tienen su parte de responsabilidad en el combate y erradicación de esta lacra social, que afecta fundamentalmente a la población joven de nuestra nación.
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