Al dar a conocer la postura de la COPARMEX CDMX dentro del frente #VamosPorMás, su presidente Jesús Padilla Zenteno subrayó que el andamiaje legal del Sistema Local Anticorrupción aprobado ayer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “es apenas el primer paso en la construcción de ese piso firme que necesitamos para formar una nueva realidad en la ciudad y el país y una parada en la lucha para volver a empoderar a los ciudadanos frente al poder público”.
Recordó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los congresos de los estados han llevado a cabo sus etapas locales del cierre para la construcción de su Sistema Local Anticorrupción, en armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción, una de las demandas más sentidas de la ciudadanía en los últimos años dados los constantes casos de corrupción e impunidad de los funcionarios públicos.
En rueda de prensa afirmó que COPARMEX en conjunto con otras organizaciones empresariales de la sociedad civil, personajes públicos, la academia, asociaciones dedicadas al fomento de la transparencia en el ejercicio del gasto público, y otros líderes de opinión, “desde nuestra trinchera cumplimos con esta etapa”.
El país vive un momento muy importante en materia de estado de Derecho, lo cual, consideró, es un tema colocado en el debate por la sociedad civil, mismo que irá en aumento al conformar el frente #VamosPorMás, que pretende haya más transparencia, más control, mas investigación y más probabilidades de castigar a quienes cometen actos amparados en su poder político.
Jesús Padilla afirmó que la pasividad ciudadana, la permisividad por falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, fueron el campo fértil para acrecentar la impunidad del poder público, al tiempo que subrayó: “somos todos quienes debemos construir las bases de un verdadero Estado de derecho como piso firme para el desarrollo de nuestro Sistema Nacional”.
El dirigente empresarial puntualizó que la corrupción e impunidad son una especie de enfermedades que minan la salud de la nación y amenazan su desarrollo económico, político y social y todo ello es lo que padece la sociedad en su conjunto y “no podemos ni estamos dispuestos a acostumbrarnos a esta realidad; hemos llegado a un punto insostenible donde la población y la sociedad ha dicho basta”.
Observó que frente a este ejercicio de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción existieron resistencias de “grupos que se oponen al cambio y otros incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar”.
También existe renuencia de los congresos estatales a trabajar con las organizaciones civiles y académicas de los estados a través de la figura del Parlamento abierto. “Hemos visto indiferencia hacia las mejores prácticas al momento de hacer nombramientos tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como en los sistemas locales y hemos atestiguado flagrantes atentados contra el derecho, la privacidad, la libre expresión de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y eso tiene que parar”.
Hace un año, recordó, cuando se realizó la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, se le hizo saber a los Poderes de la Unión que “iríamos por más y enfatizamos que no bastan las siete primeras leyes del Sistema porque insistimos en que la transformación de un régimen gravemente afectado por la corrupción, la impunidad y violaciones a los derechos humanos, requiere de un esfuerzo conjunto y permanente de la ciudadanía y una respuesta eficaz de nuestras autoridades”.
Al referirse nuevamente a la ALDF dijo que ésta debe garantizar que sean ciudadanos de probada trayectoria en el combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas quienes presidan la rectoría del Sistema Local Anticorrupción e igualmente se refirió al proceso de la creación de las nuevas salas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y a su vez los candidatos a magistrados deberán garantizar un efectivo contraste de capacidades técnicas y de certeza, de tal manera que sean las personas idóneas para dicho cargo y no sean funcionarios buscando un espacio dentro del tribunal o sea el resultado de cuotas o cuates”.
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