Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a ciudadanos afectados por el derrame de Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014, ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región, y han demandado a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención a la población afectada por el derrame.
Luis Miguel Cano, abogado de Poder y representante de los CCRS, denunció que la PROFEPA no ha dado seguimiento y las medidas de remediación como de manejo de residuos de la minera. Aunado a que Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, que encabeza el fideicomiso ha dicho que no se tiene porque invertir en remediación y protección del campo y en la salud de las personas de las comunidades, ya que eso no es parte del medio ambiente y de ahí que no quiera dar dineros a este rubro.
Dijo que tanto autoridades y la minera han hecho un juego de simulación de atención al tema y desde el
Fideicomiso de atención del derrame son escasos los resultados de atención a la población. Además que el programa de remediación en la zona de SEMARNAT está vedado al escrutinio público.
Además de señalar que las dependencias ambientales a nivel federal, como son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, organismo de la Secretaría de Medio Ambiente federal (SEMARNAT), en los casi cuatro años de haber ocurrido el derrame más grande en la historia de metales pesados del sector minero, que sucedió en Rió Sonora, esta dependencia federal no trabaja en la remediación ambiental de la zona, pese a la presencia de metales pesados en el agua y subsuelo.
Hay que recordar que la contaminación de ambos ríos fue considerada como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, que afectó directamente a 22 mil personas y, de forma indirecta, a otras 250 mil en los siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo.
Se señaló que el Fideicomiso conformado para remediar este daño ecológico y de afectación de dotación de agua a las comunidades rurales afectadas, hoy, es infimo su trabajo y, a tres años de la contaminación de los ríos Bacánuchi y Sonora, las labores de limpieza y remediación por parte de Grupo México han sido insuficientes. La mayor parte de los pozos que debían ser reubicados siguen en su lugar y muchos siguen funcionando a pesar de estar a escasos metros del río.
Apenas se ha construido una de las 36 plantas potabilizadoras prometidas por la minera y, en abril de este año, se dio a conocer que se construirían solamente nueve de ellas. Cuestionados por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos acerca de la ausencia de las purificadoras, los funcionarios de esta empresa argumentaron que “sería irresponsable hacerlas” porque las autoridades municipales “no tenían capacidad para explotarlas”.
Ramón Miranda Córdoba, representante ejidal, indicó que en México el nuevo modelo extractivo ha alejado la ley de las comunidades rurales y, en donde se presenten estas afectaciones, la gente está desprotegida de pedir justicia cuando son afectados.
Explicó que los pozos contaminados de su comunidad están a menos de 500 metros del Río Sonora y detalló que el gobierno se ha dedicado a defender más las inversiones de las empresas y no de velar el interés de la población.
Puntualizó que son 24 comunidades en 7 municipios los más vulnerables que consumen agua de los pozos que están en el cauce del rio y que hoy se han reabierto bajo el argumento de que el rio está limpio, pese a los estudios que hablan de la presencia de metales pesados. En donde las enfermedades cada vez están siendo más, pues en 2014 se reconocieron a 19 personas afectadas en
su salud y hoy son casi 360.
Para el ejidatario, explico que fuese uno o más de 300 personas las afectadas se debe actuar, pues los derechos humanos si bien antes eran desconocidos por los habitantes, hoy no debe ser algo ajeno a estas personas.
Recordó que a cuatro meses del derrame se cerraron los 75 pozos de la zona y ninguno fue reubicado y se reabrieron solo con la colocación de una placa con letras de fideicomiso argumentando así el gasto o mal manejo de recursos.
Denunció el caso de una mujer que se le ha detectado metales pesados en su organismo, ello tras realizarse un estudio médico patrocinado por el Fideicomiso, pero que le hicieron firmar y obligar a que no hablará del tema públicamente y pese que se encontró estos metales en su glifo del agua de su casa.
Se informó que una serie de análisis independientes ha constatado, año tras año, la presencia de metales pesados en el agua por encima de lo que marcan las normas internacionales. Cabe recordar que los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud pueden tardar meses, o años, en aparecer.
Mientras que el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), encargada de atender los casos por contaminación en la región, dijo en julio de 2017 que 381 habitantes del río Sonora presentaban desechos tóxicos en sangre y orina. Aunque estos pacientes requieren atención médica, Grupo México ha retrasado la creación del centro de atención médica que comprometió.
Por su parte, Carlos Ivan Samayoa, campanita de tóxicos de Greenpeace, dijo que el derrame en Rio Sonora es el desastre ambiental más grande en la historia minera en México y es un ejemplo de la pésima política de protección de acuíferos de la SEMARNAT y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que ha reconocido que 70% de los ríos en México están contaminados.
Siendo lo peor, el desconocer cuantas sustancias toxicas existen en estos afluentes y que las autoridades no han actuado al respecto. Lamentó la laxitud de las leyes y que solo con un pago de multa, que es mínimo desemboca en ser un paliativo que no observa los males en la salud humana y biodiversa.
AMPARO ANTE CONTAMINACIÓN
Un fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015, reconoce que, incluso considerando los datos presentados por el Fideicomiso Río Sonora en su página web, al menos dos pozos —los de Sinoquipe y La Labor— presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994.
Esta sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno estatal y federal y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el río Sonora, lo que ha favorecido que, incluso, en los últimos dos años se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua a los estudiantes, la cual proviene del río Sonora sin ningún tratamiento de purificación previo.
Dado que se han detectado niveles por arriba de los valores máximos de metales permitidos en el agua para consumo humano, los CCRS cuestionan si la desatención de las autoridades estatales y federales ha agravado los problemas de salud de la población derivados de consumir agua contaminada.
En la demanda presentada los CCRS señalan que, en el escenario de incertidumbre actual generado por la comprobación de contaminación en dos pozos, “se ha vuelto urgente contar con un diagnóstico óptimo sobre nuestro estado de salud, el cual al menos debe consistir en la realización de las pruebas idóneas, adecuadas y necesarias para confirmar si sufrimos o padecemos alguna exposición o intoxicación por metales pesados”.
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