México es de los pocos países que ha cumplido su compromiso ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, de decretar la protección de 10% de áreas marinas y costeras, señaló el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, durante su participación el Foro “Conservación de Ecosistemas Marinos en México”, organizado por el Senado de la República.
El funcionario federal, quien asistió a este foro en representación del secretario Rafael Pacchiano Alamán, precisó que nuestro país, incluso, duplicó la meta de Aichi al contar con 70 millones de hectáreas marinas, lo que equivale a 22% de nuestro territorio. Sin detenerse a comentar que los recursos en protección de ANPs terrestres y marinas ha bajado en más del 50% y que la propia SEMARNAT en cinco años tiene un tercio de su presupuesto del año 2012. Lo cual, hace no real el proteger a las ANPs marinas.
Estuvo acompañado por la senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el senador Ernesto Ruffo Appel, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura.
Al referirse a la situación legal de los mares en México, Ochoa Fernández indicó que la SEMARNAT como autoridad reguladora, ha publicado normas oficiales mexicanas y normas mexicanas para ordenar el aprovechamiento no extractivo y extractivo de la biodiversidad marina, y fomentar actividades productivas alternativas a la pesca que beneficien a las comunidades costeras.
Por otro lado, sostuvo, el papel de México ha sido contundente para regular el comercio nacional e internacional de recursos pesqueros. Informó que en días pasados, se publicó la Norma de Emergencia para el marcaje de ejemplares, partes y derivados de totoaba criada en cautiverio, específicamente en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), con el objetivo de ordenar su comercio legal y, al mismo tiempo, desincentivar las actividades que afectan a las poblaciones de esta especie en vida libre, como a la vaquita marina.
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