POR Ana Herrera
El cambio climático es un problema mundial que se ha convertido en una oportunidad para fortalecer áreas vulnerables: el estado de los bosques, los modelos de producción, el desarrollo en comunidades rurales, la invisibilidad de pueblos indígenas y la cultura forestal, han encontrado en la búsqueda de justicia ambiental una oportunidad para enfrentar los daños ecológicos desde una escala local pero con alcances mundiales.
Desde hace 23 años los líderes del mundo se reúnen para dialogar sobre posibles soluciones ante el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que han debilitado la capa de ozono y que se derivan del consumo de energía eléctrica, de procesos industriales, de la agricultura y de, prácticamente, cualquier actividad humana.
A partir de 2005 el sistema de redes denominado Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) se fue construyendo como una estrategia mundial para organizar a la sociedad bajo la consigna de ayudar a los bosques a mantenerse sanos con el objetivo de que ellos, a su vez, ayuden con sus propios procesos naturales a la captación del dióxido de carbono (C02), principal contaminante del grupo de los GEI.
Desde entonces, distintos países en el mundo han implementado esta estrategia de mitigación frente al cambio climático que se volvió imperante en Europa, América Latina y el Caribe, regiones en donde se encuentra el 50 % de la cobertura forestal total en el mundo.
Para Lesly Aldana, coordinadora de proyectos de Rain Forest Alliance, Asociación Civil Internacional, aliada de REDD+ México, la visión que este mecanismo en el país es diferente a la de otras latitudes al concentrar todos sus esfuerzos en el desarrollo rural sustentable.
En entrevista con esta reportera, la especialista cita el ejemplo de Perú en donde la estrategia REDD+ se ha enfocado en la titulación de tierras ya que , al estar en manos de la nación, las comunidades no tienen poder de decisión y se ven presionadas por mineras o extractivas. México, por su parte, cuenta con una situación más favorable pues la mayoría del suelo forestal es propiedad de ejidatarios y comunidades.
En 2012 comenzaron a realizarse los primeros diagnósticos en zonas forestales vulnerables de México. Desde entonces, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán han sido los 8 estados intervenidos a través de una “política pública que tiene sentido totalmente en el campo”, de acuerdo a Lesly Aldana quien, desde su organización civil, sumó esfuerzos en la Alianza REDD+ conformada por 4 organismos más y 14 instituciones gubernamentales.
Primer movimiento
Como parte de los acuerdos mundiales, México se ha comprometido a reducir 25 % sus emisiones de GEI para 2030. Para lograrlo, es necesario realizar acciones con una mayor cobertura, a través de pensar no sólo en una zona sino en una región, es decir, mediante una escala de paisaje. Fue así como se ubicaron cuencas o regiones productivas en los 8 estados a través de proyectos piloto acordes al objetivo central de reducir emisiones pero sin descuidar el desarrollo sustentable.
México es uno de los 5 países con mayor biodiversidad en el mundo, su cobertura forestal asciende a 70% de su extensión total, esto le brinda una amplia historia en el manejo forestal comunitario que permitió sentar las bases para la estrategia REDD+.
A través de técnicas de agroforestería y silvopastoriles vinculadas a los trabajos en campo realizados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se establecieron metas específicas para mejorar las condiciones del suelo a través de sistemas rotativos que le dan tiempo al ecosistema de recuperarse para brindar nuevamente alimento al ganado, entre otras acciones.
Segundo movimiento
Sensibilizar a todos los involucrados con el tema del cambio climático fue uno de los principales retos dentro de esta estrategia. Los gobiernos nacional, estatal y municipal, las 13 dependencias que conforman la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, junto a la Conafor, requerían tener un lenguaje en común con las y los dueños de los recursos naturales para asumir una responsabilidad compartida de la producción de emisiones en cada uno de los sectores involucrados.
Para ello fue un gran desafío comunicar conceptos abstractos relacionados a políticas públicas, estrategias de financiamiento y capacitación para entender por qué un árbol captura carbono y cómo remover árboles genera cambios en el uso de suelo trayendo, como consecuencia, emisiones de CO2 que se liberan a la atmósfera.
Tercer movimiento
La Estrategia Nacional, el principal marco político y legislativo al cual se pueden adherir más estados, requirió de una visión integral y holística. De acuerdo a Lesly Aldana, con la materialización de estas acciones no sólo se cubrieron los objetivos centrales sino que también “se generaron comunidades de aprendizaje que permitieron el surgimiento de 50 líderes que impulsan el tema porque encontraron en REDD+ una opción viable de cómo llevar a cabo el desarrollo rural sustentable, un proceso que fue apropiado por las comunidades, gobiernos, estados y que sigue en marcha sin la intervención de las organizaciones que participaron en la alianza México REDD+”.
Cuarto movimiento
Aunque la iniciativa de Reducción de Emisiones por las acciones realizadas ya ha sido aprobado, los resultados requieren de un tiempo de espera estimado en 5 años, mismo tiempo que tardarán los pagos en llegar a las comunidades por los servicios ambientales brindados.
Considerando el alcance del mercado internacional de los bonos de carbono, algunas de las acciones de REDD+ fueron patrocinadas por la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una dependencia controversial señalada por establecer alianzas que no precisan el desarrollo de las naciones.
Sin embargo, en México, las acciones REDD+ tienen un matiz diferente. De acuerdo a Lesly Aldana, la apropiación y valoración de los bosques “es algo sin precedentes e independiente a la retribución económica. A nivel internacional nunca se valora el recurso natural como lo que es”.
Por ello es importante conocer el Sistema Nacional de Salvaguardas, mecanismos desarrollados para blindar y proteger a las comunidades que viven en ellas a través de leyes, reglamentos y políticas que brindan autonomía y validan el papel de las personas que trabajan sobre sus tierras.
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