POR: Rafael Cienfuegos Calderón
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio en curso el gobierno mexicano debe plantearse las probables consecuencias que los nuevos acuerdos tendrán en la producción, comercialización y satisfacción de la demanda interna de alimentos, pues el sector agropecuario no crece y carece de competitividad, lo que dificulta contar con una reserva interna estratégica.
Hasta ahora y desde 1994, cuando entró en vigor el TLC con Estados Unidos y Canadá, las importaciones anuales de alimentos de México han promediado los 20 mil millones de dólares, de acuerdo a la información dada a conocer por Felipe Torres, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desde hace por lo menos tres sexenios el país ha tenido un crecimiento agroalimentario muy bajo, a lo que se suman otros efectos económicos externos que no han permitido transformar al campo mexicano en un área de oportunidades para resolver el problema de la demanda interna, y lo han convertido en un reproductor de pobreza.
En el XXXVII Seminario de Economía Agrícola. El sector agroalimentario en México ante un nuevo TLCAN expuso que en el caso de la alimentación, en México se combinan el desempleo con la falta de crecimiento y el deterioro del ingreso por la competencia salarial, en un marco de incremento de las expectativas inflacionarias.
Felipe Torres, analista del sector agropecuario nacional propuso ante este panorama reconstruir la política alimentaria a partir de acciones que han funcionado. Recordó que entre 1940 y 1970 el campo mexicano fue ampliamente superavitario, logró resolver el problema de la necesidad interna de alimentos, fortalecer el desarrollo económico y tener superávits importantes en trigo y maíz que se vendieron en el mercado internacional.
Para el economista la actual dependencia del exterior a causa de la falta de crecimiento en la producción interna, dificulta una buena negociación del TLC para México. Ante ello el impulso al sector agropecuario a través de políticas públicas de reactivación es prioridad, a efecto de garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la soberanía nacional.
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