POR: Rafael Cienfuegos Calderón
Pretender que el gobierno se encargue de todo y pague el costo de la reconstrucción es una buena intención. Muy noble. Suena bien en los discursos, en las arengas, y para el interés mezquino de obtener votos mediante el engaño. Siempre será más fácil la consigna irracional, la postura fácil, que buscar alternativas y dialogar hasta agotar los medios posibles para encontrar posturas más favorables para las personas.
En estos términos se refirió la diputada panista Margarita Martínez Fisher a la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que el gobierno de la Ciudad de México asumiera, en la mayoría de los casos, el pago de las viviendas afectadas por los sismos a través del Fondo de Reconstrucción.
A final, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México con la propuesta del Jefe de Gobierno relativa a que los diputados otorguen 35 por ciento del potencial constructivo adicional al establecido en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes, para los predios de los condóminos y copropietarios de edificios colapsados o que por la magnitud del daño deberán ser demolidos.
El dictamen aprobado garantiza que las construcciones realizadas fuera de la ley vigente sean investigadas por las instancias competentes y establece que, si de la investigación realizada se desprende responsabilidad mediante sentencia firme, se generará un crédito fiscal en perjuicio del responsable. Esto significa, que los responsables de construcciones fuera de la ley deben estar obligados a pagar los costos de la reconstrucción si por su causa existieron daños.
Los proyectos de reconstrucción deberán ser justificados en términos financieros para que los condóminos o copropietarios –previa votación con su participación libre y mayoritaria- puedan solicitar el beneficio de cambiar el uso de suelo para construir viviendas adicionales que solventen el pago de las viviendas preexistentes.
Martínez Fisher expresó que el objeto de la ley es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa del sismo y encauzar las acciones del Gobierno de la Ciudad para su restitución.
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