Rafael Cienfuegos Calderón
Diputados y senadores trabajan conjuntamente en la armonización de las leyes generales de Educación y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que mediante la actualización del marco normativo tengan una adecuada implementación y se favorezca la elaboración de políticas públicas en la promoción, protección y garantía de sus derechos, ya que actualmente padecen inseguridad alimentaria, maltrato y explotación laboral.
La iniciativa que redactarán tiene el objetivo de incorporar el principio del interés superior de la niñez como eje rector en la aplicación de la ley educativa, determinar la atribución de las autoridades federales y locales para elaborar protocolos de actuación en casos de acoso, violencia escolar, y establecer como infracción el realizar, promover, propiciar, tolerar o no denunciar estos casos.
La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, Hortensia Aragón Castillo (PRD), dio a conocer que en México residen alrededor de 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, y de ellos el 7.6 por ciento presenta inseguridad alimentaria en grado severo y cuatro de cada 10 son víctimas de maltrato.
Por otra parte, la tasa de suicidio es de 4.3 por cada 100 mil menores entre 10 y 17 años, y ocho de cada 100 infantes trabaja; por ello, dijo, es necesario legislar para garantizar sus derechos.
Para Pressia Arifin-Cabo, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el gobierno mexicano debe asegurar el derecho a la educación de los niños porque actualmente 1.3 millones no asisten a educación preescolar, 263 mil no acuden a la primaria y 2.3 millones de adolescentes no van a la escuela, principalmente por situaciones económicas.
La funcionaria alertó que cerca de 600 mil niños y adolescentes están en riesgo de salir del sistema educativo de manera prematura por encontrarse en situaciones de rezago. Ante ello habrá que mejorar la calidad en la enseñanza y la profesionalización de los docentes de los niveles preescolar, básica y media superior.
Refirió que si bien México invierte mucho en educación, el gasto anual por estudiante de primaria hasta superior es del 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, pero de acuerdo con el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 2015, los menores del país no tienen las mismas competencias de sus pares en otras naciones.
En su opinión, para atender esta situación el gobierno federal debe armonizar la Ley General de Educación y la de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de permitirles acceder a sus derechos.
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