POR: PEPE CAMARA
La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, donde se establece que alcaldes, regidores, presidentes municipales y autoridades de las entidades federativas, serán responsables de autorizar o permitir, en el marco de su competencia el funcionamiento de tiraderos a cielo abierto, y operación de sitios de disposición final que incumplan la normatividad vigente aplicable.
Las reformas, avaladas en lo general, con 294 votos a favor, incluyen la facultad de la Federación de verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, e imponer sanciones y medidas que resulten aplicables en caso de incumplimiento.
En este sentido, estados y ayuntamientos, se encargarán de la gestión integral de los residuos de manejo especial y autorizar su manejo integral.
Se precisa que la responsabilidad de las autoridades de entidades federativas será objetiva, directa e incluso extensiva a colaboradores administrativos con cargo de decisión que hayan participado en las autorizaciones correspondientes, u omitan impedir su establecimiento.
Define al Tiradero a Cielo Abierto, como el sitio de disposición temporal o permanente de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no cumple, en su totalidad, con la normatividad aplicable vigente.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Sandra Méndez Hernández (PRI), integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, refirió que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México genera 117 mil toneladas diarias y 42.7 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. La generación per cápita se calcula en 0.957 kilogramos por día.
La promotora de la reforma, diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso (PVEM), explicó que se busca transformar de modo integral el actual sistema de manejo de residuos sólidos urbanos, estableciendo regímenes de responsabilidad con obligaciones más claras para entidades federativas y municipios en cada fase del manejo integral de los residuos, así como responsabilidades de carácter penal, administrativo, civil e incluso patrimonial.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (NA) estimó “incorrecto criminalizar a los servidores públicos cuando la Federación no aporta un solo peso para el manejo integral de la basura”.
Y Juan Fernando Rubio Quiroz, diputado del PRD, consideró que los alcaldes se convertirán en funcionarios que infringen la ley, por lo que su partido no acompaña este dictamen.
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